Los obligados

El favor que encadena, o la corrupción convertida en lealtad

«Franco utilizaba la corrupción para controlar a sus allegados y colaboradores; era una especie de mezcla entre premio y chantaje porque les dejaba hacer cosas y luego les amenazaba con acusarles de ilegalidades.»¹

Paul Preston, entrevista concedida a EFE, 15 de noviembre de 2015, con motivo de la reedición de Franco. Caudillo de España.

El episodio anterior mostraba a aquellos a quienes se quitó. Este muestra a aquellos a quienes se compró. Son las dos vertientes de una misma montaña. El régimen que despojaba a la mayoría era también el que enriquecía a una minoría cuidadosamente elegida. Ambas operaciones no siempre estaban unidas por el mismo asiento contable, pero pertenecían a una misma economía política.

El franquismo no se limitó a despojar a sus enemigos. Enriqueció a sus amigos, y lo hizo de una manera que nada tenía de generosidad. En esta casa, un favor nunca era un regalo.

Era una correa.

La corrupción franquista: el favor como instrumento de control

Empecemos por la parte visible: la recompensa. Ángel Viñas la ha documentado a partir de los papeles de la Fundación Nacional Francisco Franco, abiertos a los investigadores en 2010. Empresas agradecidas por una autorización obtenida cedían gratuitamente acciones. El dictador percibía dividendos, comisiones y porcentajes sobre negocios que enlazaban los consejos de ministros con los consejos de administración. La corrupción, afirma Viñas, estaba en el ADN de la dictadura.²

Alrededor del jefe se formó toda una clase cuya fortuna debía menos al talento que a la proximidad. Se enriquecía por el acceso al poder, se prosperaba gracias a la relación y la frontera entre servicio público e interés privado, borrada ya en la cúspide, terminó borrándose también en los pisos inferiores. El mismo mecanismo que permitía a la familia Franco convertir el favor en patrimonio permitía a los obligados transformar la fidelidad en concesiones, sillones y fortunas.

Pero la parte visible no es la más interesante. Por sí sola, apenas distinguiría al régimen de una cleptocracia. Lo que acerca el mecanismo a una estructura mafiosa es su reverso: el favor no enriquecía únicamente. También controlaba. El padrino dejaba que sus hombres se enriquecieran en la irregularidad y conservaba después el conocimiento de aquello que habían hecho. Quien había cobrado se convertía al mismo tiempo en alguien a quien podía destruirse.

Expedientes políticos: vigilar también a los favorecidos

El régimen fichaba, cotejaba y conservaba. Durante la guerra, el Servicio de Información y Policía Militar dependía directamente del Cuartel General del Generalísimo y reunía funciones de espionaje, contraespionaje, vigilancia e información militar. La policía política continuó después ese trabajo. El Fichero General Político-Social constituido por los servicios franquistas llegó a reunir cerca de tres millones de fichas nominales.³

Los bancos conservaban cuentas y movimientos; los notarios, escrituras; la Administración, propiedades, carreras, expedientes y solicitudes. En un Estado totalitario que había convertido la vigilancia en una función ordinaria, el cajón no era una invención de novelista. Era un mueble de gobierno.

El privilegio ni siquiera necesitaba un expediente especial. Dejaba rastros en una autorización, una concesión, un nombramiento, una escritura notarial, un registro de acciones o un movimiento bancario. La fortuna construida sobre una complacencia podía convertirse después en una prueba conservada en alguna parte. La lealtad no se compraba una sola vez: se renovaba mediante el miedo, y ese miedo no recaía únicamente sobre los vencidos. También pesaba sobre los favorecidos.

El vencido temía el pelotón.

El obligado temía el expediente.

La omertà de los beneficiarios del régimen

Por eso la palabra omertà resulta aquí más precisa que fidelidad. No siempre se callaba por devoción. También se callaba por complicidad. Un ministro enriquecido gracias a una concesión difícilmente podía denunciar el sistema sin arriesgarse a denunciarse a sí mismo. Un banquero beneficiado por un favor quedaba ligado a quien se lo había concedido.

El silencio no era una virtud moral del régimen. Era uno de sus mecanismos. La culpa compartida servía de cemento. Ese es el punto en que una banda de aprovechados empieza a parecerse a una organización: no por el robo en sí, sino por el vínculo que el beneficio ilícito crea entre quienes participan de él.

Las cacerías de Franco: patronazgo y favores

El escenario de esta liturgia merece ser descrito porque posee el pintoresquismo de las mejores ficciones del género. No era necesariamente un despacho. Podía ser una cacería. Paul Preston ha mostrado cómo las batidas del general funcionaban como una especie de despacho ambulante del patronazgo. Quienes buscaban favores organizaban cacerías para acercarse a la fuente del poder, y en aquel entorno cambiaban de manos cantidades importantes.⁴

Al padrino no siempre se le solicitaba audiencia en un salón ministerial. Se le invitaba a cazar. Entre dos disparos podía negociarse una licencia, decidirse una carrera o comenzar una fortuna.

Puertas giratorias entre el Estado, la banca y las empresas

Los obligados no fueron una abstracción. José María Aguirre Gonzalo fue simultáneamente vicepresidente de Banesto, consejero de treinta y ocho empresas y, hasta 1968, presidente de la Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana. Cuarenta y tres ministros de la dictadura ocuparon después puestos destacados en el sector bancario. Los consejos de administración de grandes empresas públicas acogieron a hombres que pertenecían al mismo tiempo a las direcciones de bancos privados.⁵

José Banús ofrece otra anatomía del favor: contratista en las obras de Cuelgamuros con trabajadores penados, promotor del barrio del Pilar y posteriormente beneficiario del sistema que abrió la costa a grandes intereses privados. El episodio dedicado al litoral siguió precisamente ese recorrido, de Cuelgamuros a Marbella.

Estos ejemplos no demuestran que todos los beneficiarios estuvieran sometidos al mismo chantaje personal. Demuestran algo más amplio y mejor documentado: la circulación organizada de hombres entre la decisión pública, la banca, la empresa y el favor político.

Trabajo forzado: la mano de obra cautiva del franquismo

Queda dentro de esta economía del favor una parte que no puede abordarse con el mismo tono. Aquí la ironía debe detenerse. Entre los beneficiarios del régimen figuraron empresas que utilizaron el trabajo forzado de los vencidos en campos, batallones y destacamentos penitenciarios.

El Boletín Oficial del Estado inscribía un salario en sus columnas. El preso, en cambio, no tenía contrato, libertad para negarse ni libre disposición del supuesto salario. La Administración retenía la mayor parte de la cantidad nominal. La contabilidad anotaba pesetas. Las familias enterraban hombres.⁶

Se moría de hambre, tuberculosis, tifus y de las consecuencias de la desnutrición en cárceles, campos de concentración y unidades de trabajo. Los reglamentos describían una organización; los cuerpos mostraban su funcionamiento. Las investigaciones basadas en informes médicos, archivos penitenciarios y testimonios de presos permiten medir la distancia entre la norma publicada y las condiciones realmente sufridas.⁷

Sobre aquellos hombres obligados a cavar, construir y extraer no hay nada que ridiculizar. Fueron mano de obra cautiva de una prosperidad que no era la suya. Su sufrimiento no necesita ingenio.

Necesita exactitud.

Que determinadas fortunas y empresas se beneficiaran de trabajo realizado sin consentimiento es un hecho histórico que exige archivos, pero también cartas, fotografías, recuerdos familiares y testimonios que la Administración no conservó o decidió hacer desaparecer.

Beneficiarios del franquismo: nombrar sin heredar la culpa

Aquí se impone una precaución, porque una acusación fácil arruinaría la investigación. Beneficiario no significa automáticamente culpable. Nombrar el espacio en el que el poder se transformaba en dinero no equivale a declarar culpable a cada heredero ni a cada empresa que sobrevivió al régimen. Puede describirse un sistema sin convertir cada nombre actual en acusado.

Lo que la Historia puede establecer no es que un nieto sea responsable, sino que una determinada ventaja fue concedida y que la democracia nunca revisó en su conjunto el sistema que la había producido. Los inventarios tardíos tampoco equivalen a ese examen general. Una investigación anunciada, abierta sobre un sector limitado y no concluida no constituye todavía una auditoría. Es, como máximo, su promesa.

La Ley de Amnistía de 1977 continúa vigente. La Ley de Memoria Democrática de 2022 ordenó realizar en el plazo de un año una investigación y un inventario de bienes expoliados. A finales de 2025, la auditoría general seguía sin concluir. Solo el Ministerio de Cultura había publicado entonces un inventario sectorial de más de cinco mil bienes conservados en museos estatales.⁸

Incluso cuando ese inventario quede completado, seguirá sin constituir por sí mismo un examen público, judicial y exhaustivo de las concesiones, créditos, sociedades, contratos y fortunas nacidos del favor franquista. Dirá qué se quitó a algunos.

Quedará por establecer, en conjunto, qué se dio a los otros.

De la dictadura a la democracia: conservar las ventajas

Esa fue quizá la obra maestra de los obligados: sobrevivir al padrino sin soltar nada. El obligado recibía una licencia y, con ella, una deuda con el régimen; un asiento en un consejo de administración y, con él, una solidaridad de intereses que preservar; una concesión y, con ella, un amo. Después moría el amo y quedaba la concesión.

Recibía de la dictadura una ventaja y de la democracia la posibilidad de conservarla. Dieciocho meses después de la muerte de Franco, señala Mariano Sánchez Soler, los antiguos franquistas se aplicaron a sí mismos «la ley de la ventaja» hasta donde pudieron y hasta donde se les permitió. Después de las elecciones de 1977, cincuenta y dos diputados de las derechas estaban directamente vinculados a bancos y sociedades financieras.

Ricos y poderosos por la gracia de Franco, continuaron siéndolo con la bendición de la democracia.⁹

De obligados a guardianes del sistema

Se comprende entonces por qué la casa nunca fue auditada en su conjunto. Una parte de la clase encargada de saldar las cuentas del régimen procedía precisamente de los ambientes que este había enriquecido. ¿Cómo abrir los libros cuando tantos de quienes podían exigir su lectura debían su posición al sistema que los había sostenido?

En la presentación de este libro se decía que el padrino no necesitaba corromper a los jueces. Los nombraba. Ahora puede decirse de otro modo: tampoco necesitaba comprar siempre a quienes algún día podrían pedirle cuentas. Ya había convertido a una parte de ellos en sus obligados.

Una organización que distribuye riqueza, cargos y protecciones entre quienes podrían inquietarla transforma a sus posibles jueces en socios silenciosos. Y cuando no los había convertido en obligados, los había convertido en sus jurados.

La justicia franquista: depuración y juramento de fidelidad

La expresión no es solo metafórica. Después de su victoria, el régimen sometió las carreras judicial y fiscal a una depuración general. Los magistrados que habían permanecido fieles a la legalidad republicana podían ser fusilados, encarcelados, obligados al exilio, trasladados, suspendidos o expulsados. Quienes conservaron su puesto o fueron reintegrados tuvieron que pasar por el filtro político del nuevo Estado.

Que una parte del personal conservara finalmente sus funciones no significa que hubiera sobrevivido una magistratura republicana como institución independiente. La dictadura seleccionó individuos, examinó su conducta política, religiosa y privada, solicitó informes, sopesó denuncias y avales y decidió quién podía servir. Quienes fueron admitidos no permanecieron en nombre de una continuidad republicana. Permanecieron porque el franquismo los declaró compatibles con el nuevo régimen.¹⁰

Pero incluso la expresión «servir al nuevo Estado» resulta demasiado abstracta. El futuro magistrado no juraba primero fidelidad al Estado español, a una Constitución ni a la soberanía nacional. El Decreto de 16 de febrero de 1938 le imponía, antes de tomar posesión, una «adhesión incondicional al Caudillo de España».

Al Caudillo. A Franco. Al padrino de los padrinos.

Las leyes venían después. El primer objeto político del juramento no era una institución ni un principio jurídico.

Era un hombre.

El magistrado juraba de pie, con la cabeza descubierta, ante un crucifijo y con la mano derecha sobre los Santos Evangelios. Respondía:

«Sí, juro.»

Y la autoridad contestaba:

«Si así lo hiciereis, Dios y España os lo premien; y si no, os lo demanden.»¹¹

No se exigía únicamente al magistrado que obedeciera a Franco. Se solemnizaba su adhesión personal mediante una ceremonia en la que el poder político tomaba de la religión sus gestos, objetos y amenazas. Dios era testigo, los Evangelios servían de altar, España de garantía y Franco era el objeto personal del juramento.

La idolatría ya no estaba muy lejos. Había entrado en la sala de justicia. Era el culto a la personalidad en todo su esplendor litúrgico.

Este juramento no era una simple formalidad profesional. Consagraba una justicia subordinada a un hombre antes que al derecho. El pelotón de fusilamiento no era la sanción jurídica automática de negarse a jurar. Era el paisaje político en el que se prestaba aquel juramento. Detrás de la fórmula estaban la depuración, la cárcel, los consejos de guerra, el exilio y la muerte.

La justicia no empezaba jurando servir al derecho.

Empezaba jurando adhesión incondicional a quien la había sometido.

La violencia como fundamento del sistema

Pero nada de todo esto, ni la extorsión, ni el favor, ni el silencio de los obligados, ni el juramento de los jueces, habría durado un solo día sin el fundamento que lo hacía posible. No se entrega de buen grado al vencedor. No se guarda silencio por simple prudencia. Primero hay que haber visto lo que cuesta negarse.

Ese fundamento es la violencia.

Será el objeto del próximo episodio y el eje de toda esta historia.

Llamamiento a documentos y testimonios

Para La mafia franquista, testimonios independientes, precisos y concordantes pueden contribuir a establecer hechos que los archivos oficiales no conservaron, ocultaron o destruyeron. Si conserva una carta, un recibo, una escritura notarial, un documento bancario, un registro de acciones, una fotografía o un recuerdo transmitido dentro de su familia, puede ponerse en contacto con nosotros aquí.

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Fuentes y notas

1. Paul Preston, declaraciones recogidas por EFE y difundidas en «Paul Preston desvela cómo Franco logró enriquecerse y controlar a sus colaboradores», El Economista, 15 de noviembre de 2015. Preston describe la corrupción como una combinación de premio y chantaje destinada a controlar a los allegados y colaboradores de Franco. Leer la entrevista. ↩
2. Juan Miguel Baquero, «Franco acumuló una fortuna de 400 millones gracias a su entramado corrupto», dosier Desmemoria, elDiario.es. La investigación recoge los trabajos de Ángel Viñas sobre los papeles de la Fundación Nacional Francisco Franco, las acciones cedidas gratuitamente por empresas, los dividendos y las comisiones. Véase también Ángel Viñas, La otra cara del Caudillo. Mitos y realidades en la biografía de Franco, Crítica, 2015. Consultar el dosier. ↩
3. El Centro Documental de la Memoria Histórica conserva el Fichero General Político-Social, compuesto por cerca de tres millones de fichas nominales. El Servicio de Información y Policía Militar dependía del Cuartel General del Generalísimo y coordinaba el espionaje, el contraespionaje y la información militar. Consultar la presentación del Fichero General y la descripción archivística del SIPM. ↩
4. Paul Preston, citado por Juan Miguel Baquero en el dosier Desmemoria, describe las cacerías organizadas por quienes buscaban favores y las importantes cantidades que en ellas cambiaban de manos. Consultar el pasaje. ↩
5. Alejandro Torrús, «Ricos y poderosos por la gracia de Franco y la bendición de la democracia», Público, 28 de noviembre de 2020, a partir de Mariano Sánchez Soler, Los ricos de Franco. El artículo documenta, entre otros elementos, la acumulación de cargos de José María Aguirre Gonzalo, los cuarenta y tres ministros convertidos posteriormente en dirigentes bancarios y la presencia simultánea de banqueros privados en consejos de empresas públicas. Leer la investigación. ↩
6. El Decreto franquista n.º 281, de 28 de mayo de 1937, presentaba el trabajo de los presos como un derecho, pero también como un «derecho-deber». Fijaba un salario nominal de dos pesetas diarias y retenía una peseta y media para la manutención del preso. El Centro Documental de la Memoria Histórica conserva además más de 150.000 páginas de documentación contable remitida por campos y batallones de trabajadores al Tribunal de Cuentas. Estos documentos establecen la norma y la contabilidad administrativa, no las condiciones realmente vividas ni el pago efectivo de las cantidades. Consultar el decreto y la descripción del fondo contable. ↩
7. Domingo Rodríguez Teijeiro, «Morir de hambre en las cárceles de Franco, 1939-1945», Historia Contemporánea, n.º 51, 2015; Francisco Navarro López, «Enfermedad, hambruna y muerte en las prisiones, campos de concentración y unidades de trabajos forzados en Córdoba, 1937-1943», Hispania Nova, n.º 22, 2024. Ambos trabajos confrontan las normas con testimonios, informes médicos y archivos penitenciarios. Consultar el primer estudio y el segundo. ↩
8. La Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, continúa vigente. El artículo 31 de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, ordenó investigar los bienes expoliados y elaborar un inventario en el plazo de un año. En noviembre de 2025, una investigación de RTVE constató que la auditoría general seguía sin concluir y que únicamente el Ministerio de Cultura había publicado un inventario sectorial de más de cinco mil bienes conservados en museos estatales. Consultar la Ley de Memoria Democrática y la investigación de RTVE. ↩
9. Mariano Sánchez Soler, citado por Alejandro Torrús en Público, recuerda que después de las elecciones de 1977 cincuenta y dos diputados de las derechas estaban directamente vinculados a la banca y a sociedades financieras. La expresión «ley de la ventaja» es también de Sánchez Soler. Consultar el artículo. ↩
10. Mónica Lanero Táboas, Una milicia de la justicia. La política judicial del franquismo, 1936-1945, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1996; «La depuración de la magistratura y el ministerio fiscal en el franquismo, 1936-1944», Jueces para la Democracia, n.º 65, 2009, pp. 39-57. Lanero muestra que la depuración no consistió en eliminar mecánicamente a todo el personal que había servido bajo la República, sino en una selección política destinada a formar un cuerpo ideológicamente seguro y receptivo a las indicaciones del poder. Leer el estudio. ↩
11. Decreto de 16 de febrero de 1938, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 18 de febrero de 1938, n.º 485. Su artículo primero imponía a jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal un juramento previo a la toma de posesión que comenzaba por la «adhesión incondicional al Caudillo de España». El artículo tercero regulaba la ceremonia ante el crucifijo y los Santos Evangelios. Consultar el decreto. ↩