El crimen contra la humanidad y su producto

O el destino judicial del botín cuando la Historia acaba llamando a la puerta

¿Alcanza una condena por crimen contra la humanidad a las extorsiones financieras que ese mismo crimen hizo posibles? La moral responde inmediatamente que sí, y el sentido común la sigue. Cuesta imaginar una justicia lo bastante majestuosa como para condenar la persecución, pero lo bastante delicada como para dejar dormir el producto de esa persecución dentro de un patrimonio ya vuelto respetable, repintado con los colores de la familia, la herencia y el éxito social. Sería divertido que el crimen fuera imprescriptible, pero que su rendimiento pudiera jubilarse tranquilamente, con notario, catastro y tapetes de ganchillo.

El derecho procede con mayor frialdad. No pregunta únicamente qué fue «hecho posible» por el crimen, fórmula de historiador, sino qué deriva de él, se vincula a él, se incorpora a él o queda viciado por él, fórmulas de jurista. Entre ambas cosas discurre toda la dificultad y, a veces, toda la comodidad de los beneficiarios. Porque las fortunas aman los matices. Adoran la prescripción, sienten una ternura particular por los terceros de buena fe y envejecen estupendamente en los cajones del derecho civil. El botín posee esta cualidad extraordinaria: cuanto más espera, más adquiere el acento de la propiedad ordinaria.

El análisis debe, por tanto, abrir las puertas una a una. No para satisfacer la indignación, sino para saber por dónde podría entrar la justicia el día en que dejara de preguntar educadamente si molesta.

I. Plantear correctamente la cuestión jurídica

La extorsión financiera cometida al amparo de un sistema de persecución no ocupa un único lugar en el ordenamiento jurídico. Puede responder a tres calificaciones principales, a las que se añade una vía civil.

Puede, en primer lugar, constituir un acto del propio crimen contra la humanidad cuando el expolio es uno de los medios de la persecución. En ese caso, el dinero no es un accidente periférico: es una modalidad del crimen. Puede, en segundo lugar, constituir un delito autónomo, una extorsión de derecho común simplemente conexa con el crimen principal: el chantaje conserva entonces su identidad penal propia, pero puede vincularse a la empresa criminal de conjunto. Puede, finalmente, no ser ni una cosa ni la otra, pero dejar un producto patrimonial que una condena permita decomisar, siguiendo entonces el derecho la pista del beneficio en lugar de perseguir cada acto por separado. A estas tres vías penales se añade una cuarta, civil: el negocio jurídico arrancado mediante coacción puede ser anulado y puede ordenarse la restitución.

La condena no produce, por tanto, un efecto mágico. No transforma automáticamente cada peseta robada, cada terreno confiscado, cada donación forzada en un bien inmediatamente recuperable. El derecho no es una cólera, lo que a veces resulta lamentable, pero permite también volverlo contra quienes se creían protegidos por su lentitud. A cada puerta corresponde una operación jurídica diferente y un muro diferente. Los beneficiarios pueden respirar. No demasiado deprisa.

II. Primera vía: la extorsión como acto constitutivo del crimen contra la humanidad

La persecución figura entre los actos constitutivos del crimen contra la humanidad. El Estatuto de Roma la incluye en su artículo 7, apartado 1, letra h), y la define como la privación intencional y grave de derechos fundamentales por razón de la identidad de un grupo. La Carta de Núremberg ya la incluía en su artículo 6, letra c). La jurisprudencia penal internacional ha admitido que medidas económicas, confiscaciones, destrucciones, saqueos y exclusiones pueden constituir persecución cuando se realizan con la intención discriminatoria exigida y dentro de un ataque generalizado o sistemático.

Esta calificación lo cambia todo. Allí donde el expolio procede de un aparato legal de persecución, no es simplemente algo que el crimen haya hecho posible. Es el crimen. Conviene insistir en ello, sobre todo para tranquilidad de los patrimonios nerviosos. Cuando un régimen organiza la desposesión de los vencidos, golpea sus bienes, arruina a sus familias, les impone multas, embargos, inhabilitaciones y exclusiones económicas, no comete una sucesión de incorrecciones administrativas: construye una persecución. No vacía únicamente los bolsillos; fabrica un orden social en el que los vencidos deben pagar su derrota incluso con sus casas, sus tierras y sus descendientes.

En España, la ley de 9 de febrero de 1939 sobre responsabilidades políticas proporcionó precisamente ese aparato: comisiones, multas, embargos, inhabilitaciones y desposesión metódica del vencido. La represión tenía su ventanilla, el saqueo tenía su procedimiento y el botín, como siempre que interviene un Estado totalitario, adquiría apariencia de legalidad. Recalificada como acto de persecución, la extorsión seguiría entonces el régimen del crimen principal. Pasaría a ser imprescriptible y quedaría fuera de toda amnistía, no por contaminación moral, sino porque formaría parte de la misma incriminación.

El muro, aquí, es la prueba. Hay que establecer el elemento intencional y el carácter sistemático, porque no toda exacción constituye persecución. Hay que demostrar que la apropiación se inscribía en un plan dirigido contra un grupo y no en la depredación individual de un agente demasiado celoso, demasiado codicioso o demasiado bien informado sobre dónde se guardaba la plata. La distinción evita confundir la rapiña aislada con el expolio de Estado. Pero no protege a quienes creían haber heredado un simple patrimonio cuando quizá hayan heredado una prueba.

III. Segunda vía: delito autónomo y conexidad

Cuando la extorsión no puede vincularse directamente a la persecución y sigue siendo un delito ordinario, corresponde en derecho español al artículo 243 del Código Penal, que castiga con pena de prisión de uno a cinco años a quien, con ánimo de lucro, obligue a otro mediante violencia o intimidación a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero. Ahí está la extorsión en su forma clásica: coacción, lucro y acto patrimonial perjudicial. Su plazo de prescripción sería entonces el del régimen común, cinco años. Una eternidad para las víctimas corrientes, una siesta para las dictaduras largas y una almohada confortable para los herederos de bienes muy antiguos.

El artículo 131 del Código Penal abre, sin embargo, una dificultad interesante. Después de declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad y genocidio, establece que, en caso de infracciones conexas, el plazo de prescripción será el correspondiente al delito más grave. La lectura literal produce un efecto considerable: si el delito más grave es el crimen contra la humanidad, carente de plazo, la extorsión conexa podría quedar arrastrada fuera de su prescripción propia y seguir la imprescriptibilidad del crimen al que se vincula. La conexidad se convierte así en el puente entre el chantaje ordinario y el crimen imprescriptible. Se comprende que un puente así pueda producir vértigo a algunas familias cómodamente instaladas.

El puente no carece de arcos frágiles. La doctrina discute el alcance del texto: transmitir por conexidad la ausencia de plazo, ¿sigue siendo transmitir un plazo, o quiso el legislador reservar la imprescriptibilidad a una lista cerrada? La cuestión es seria. También resulta deliciosa, porque obliga a mirar el botín no como un recuerdo polvoriento, sino como posible efecto de una empresa criminal más amplia, cuando el botín prefiere, naturalmente, los álbumes familiares a las calificaciones penales. La conexidad, además, no se presume: exige un vínculo real, que la extorsión haya operado como medio del crimen, como instrumento de persecución o como medio para asegurar su impunidad; la mera coincidencia de contexto no basta. Esta puerta existe, pero el juez puede mantener estrecho el umbral. Quienes duermen sobre escrituras antiguas pueden seguir durmiendo, aunque solo con un ojo.

IV. Tercera vía: decomiso y confiscación del producto del crimen

Una condena penal no alcanza únicamente a personas; alcanza también a cosas, y es a menudo ahí donde la Historia deja de ser abstracta. Mientras se habla de memoria, heridas y reconocimiento, muchos compadecen con elegancia. En cuanto se habla de bienes, cuentas, inmuebles, sociedades y restituciones, los mismos descubren de pronto la complejidad del derecho. La compasión tiene límites catastrales.

El derecho español prevé el decomiso de los bienes, efectos y ganancias procedentes directa o indirectamente del delito, así como un decomiso ampliado que puede alcanzar patrimonio cuya procedencia lícita no quede acreditada. Esta vía presenta una ventaja importante: no exige necesariamente perseguir por separado cada extorsión antigua, puesto que alcanza el producto cuando puede vincularse al crimen juzgado. El derecho internacional es todavía más claro. El Estatuto de Roma autoriza a la Corte, junto con una declaración de culpabilidad, a ordenar la confiscación de los productos, bienes y activos derivados directa o indirectamente del crimen, respetando los derechos de los terceros de buena fe, y a ordenar reparaciones en favor de las víctimas. Dentro del sistema de la Corte Penal Internacional, la respuesta es, por tanto, clara: la condena puede llevar al decomiso del producto y a la reparación. Esa claridad posee un límite decisivo: la Corte solo conoce de crímenes cometidos después del 1 de julio de 2002 y no puede alcanzar las dictaduras anteriores.

Queda el derecho interno, donde el muro tiene dos nombres: trazabilidad y tercero. El producto convertido, revendido, reinvertido, transmitido por herencia, introducido en una sociedad, transformado en inmueble y después en respetabilidad se vuelve más difícil de decomisar a medida que cambia de piel, y el tercero adquirente de buena fe puede detener la confiscación. El tiempo, aquí, no borra únicamente los recuerdos; pule los títulos de propiedad. El botín mejor protegido no es el que se esconde en un sótano, sino el que ha tenido tiempo de blanquearse en patrimonio ordinario. El crimen entra entonces en la familia con los muebles: se convierte en casa de vacaciones, participación societaria, terreno bien situado, notaría satisfecha, y cuando alguien pregunta de dónde viene, se responde: herencia. Palabra magnífica, que a veces huele a memoria y otras a receptación bien educada.

V. Un caso de estudio: el financiador y su banco

La teoría se aclara con un ejemplo, y la Historia ofrece uno cuyos hechos no tienen nada de hipotético, aunque sus consecuencias sí lo sigan siendo. Una sublevación militar necesita dinero antes de necesitar gloria, y la de julio de 1936 lo tuvo. La financiación del levantamiento pasó, entre otros, por un hombre: el financiero mallorquín Juan March, a quien la prensa de su época ya llamaba el último pirata del Mediterráneo. Pagó el fletamento del De Havilland Dragon Rapide, el avión que llevó al general sublevado desde Canarias hasta Marruecos, una factura de unas dos mil libras esterlinas abonada a través de la casa londinense Kleinwort. El mismo hombre, mediante canales bancarios que iban de Londres a Ginebra, había abierto a los conspiradores un crédito de varios cientos de miles de libras en la primavera de 1936. Estos hechos están establecidos y documentados por la historiografía de la financiación de la Guerra Civil española.

Planteemos entonces la pregunta, y solo la pregunta. Si el levantamiento y la represión que lo prolongó recibieran algún día la calificación de crimen contra la humanidad, ¿el dinero que los hizo posibles y, sobre todo, sus frutos entrarían por alguna de las tres puertas? La primera exigiría demostrar que financiar el golpe constituyó un acto de la empresa persecutoria y no una simple inversión. La segunda buscaría la conexidad entre la aportación financiera y el crimen que armó. La tercera seguiría la pista del producto, desde el crédito de 1936 hasta los patrimonios actuales, siempre que la pista resistiera.

Aquí la prudencia no es debilidad, sino método. Nombrar a un financiador fallecido y a un banco histórico pertenece a la Historia, y solo a la Historia. Extender la acusación a sus sucesores vivos sería una imputación, y la imputación exige una sentencia que no existe. Puede escribirse, por tanto, que el financiador existió, que su banco sirvió de canal y que la cuestión del producto se plantearía el día en que existiera una condena. No puede escribirse que tal heredero o tal entidad posea hoy un botín jurídicamente calificado mientras ningún tribunal lo haya declarado. Es exactamente la regla aplicada a constructores y concesionarios de un litoral privatizado: se los nombra por filiación histórica, nunca por un delito actual. La contención, aquí, no es timidez. Es lo que distingue la Historia del panfleto el día en que ambas apuntan a los mismos nombres.

VI. La vía civil: consentimiento viciado, nulidad y restitución

Toda extorsión se apoya en violencia o intimidación, es decir, en un vicio del consentimiento. El Código Civil español anula el consentimiento arrancado por violencia o intimidación, define ambas nociones y expone así los actos obtenidos por coacción —donaciones forzadas, renuncias, ventas de conveniencia, transferencias bajo amenaza— a la anulación y a la restitución de las prestaciones. La condena penal, al establecer la coacción, proporcionaría a esta acción civil una base probatoria sólida. Lo civil, aquí, podría seguir a lo penal como un perro sigue un rastro, siempre que se hubiera permitido al penal olfatear.

El obstáculo es el tiempo. La acción de nulidad por vicio del consentimiento prescribe a los cuatro años, plazo que podría bastar para una venta concluida bajo amenaza en un asunto ordinario, pero que resulta casi cómico cuando se habla de una dictadura, familias aterrorizadas, exilios, muertes y archivos cerrados durante décadas. Cuatro años. El derecho civil tiene a veces sentido del humor negro. Frente a esta prescripción se invoca la imprescriptibilidad de la reparación debida a las víctimas de crímenes contra la humanidad, que los Principios Fundamentales adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2005 sitúan entre las primeras formas de reparación bajo el nombre de restitución. Pero trasladar esa imprescriptibilidad internacional al plazo civil interno sigue siendo una cuestión abierta que ningún juez español ha resuelto todavía en favor de las víctimas del franquismo. Los beneficiarios pueden, por tanto, seguir invocando el calendario, a menudo el mejor amigo de los patrimonios mal nacidos.

VII. El caso español: un análisis prospectivo

Hay que nombrar la condición de todo lo anterior. Las tres puertas existen en derecho español. La llave, en cambio, nunca se ha girado. Ninguna condena por crimen contra la humanidad ha sido pronunciada contra la dictadura franquista. El Tribunal Supremo, en 2012, cerró la vía abierta por la instrucción del juez Garzón, oponiendo el principio de legalidad y la Ley de Amnistía. Esta ley de 1977, que liberó a los perseguidos pero amnistió también a sus perseguidores, sigue vigente. Ahí está el núcleo del cerrojo. Mientras no exista condena, sus consecuencias quedan suspendidas y el producto del crimen sigue sentándose a la mesa como un patrimonio respetable, vestido de domingo por los rentistas del olvido.

La Ley de Memoria Democrática de 2022 reconoce un derecho al resarcimiento de los bienes incautados y de las sanciones económicas. Pero lo configura como responsabilidad patrimonial del Estado, subordinada a una auditoría y a un desarrollo reglamentario, no como restitución del producto de un crimen juzgado. Dicho de otro modo, se reconoce el problema, pero todavía no se toca plenamente la caja fuerte. España, además, no es parte de la Convención de 1968 sobre imprescriptibilidad y, por tanto, todo razonamiento sobre imprescriptibilidad descansa en el derecho internacional consuetudinario, con las resistencias conocidas.

El presente artículo describe, por tanto, lo que se derivaría de una condena que no se ha producido. No es una debilidad del análisis: es su objeto. Mostrar las consecuencias suspendidas de una sentencia que falta significa medir exactamente aquello que la amnistía preserva. No preserva únicamente a hombres. Preserva actos. Preserva silencios. Preserva herencias. Preserva quizá fortunas. Preserva esa admirable paz de los patrimonios a los que nadie ha pedido nunca que presenten su partida de nacimiento.

Conclusión: cuando la justicia sigue la pista del botín

Una condena por crimen contra la humanidad puede alcanzar las extorsiones financieras que ese crimen hizo posibles, pero nunca por el mero efecto de la proximidad. El derecho no avanza siguiendo el olor del escándalo: exige una calificación, un vínculo, una prueba y una traza. Alcanza las extorsiones cuando el expolio es recalificado como acto del crimen, cuando el delito autónomo resulta conexo o cuando su producto puede seguirse hasta el patrimonio del condenado. No por contaminación, vecindad o simetría moral, sino mediante una operación jurídica precisa, cada una contenida por su obstáculo: prueba de la intención, estrechez de la conexidad, trazabilidad del producto, protección del tercero de buena fe y absurda brevedad del plazo civil.

«Hecho posible» no significa siempre «producto de». Entre la amplia categoría histórica y la estrecha categoría confiscatoria, el derecho traza una frontera que la indignación querría abolir y que el rigor obliga a atravesar correctamente. En esa frontera se decide el destino del botín. Y la palabra botín, aquí, no es una imagen: puede ser una escritura notarial, un terreno, una casa, una cuenta, una sociedad, una transmisión, una respetabilidad.

Hay material suficiente para encanecer a algunos herederos demasiado tranquilos. El día en que existiera una condena, ya no bastaría con escribir que se cometieron crímenes. Habría que preguntar qué produjeron, adónde fue, quién lo recibió, quién lo vendió, quién sigue viviendo de ello y desde hace cuántas generaciones el silencio produce intereses. Porque los muertos no reclaman dinero. Los vivos, en cambio, pueden pedir cuentas, y las cuentas, a diferencia de los sermones, tienen a veces la mala costumbre de dejar rastro. La sobriedad jurídica es toda la ironía de la Historia: no grita, pide los papeles.