Tecnócratas, Opus Dei y MATESA
Los consejeros tecnócratas
Opus Dei, tecnócratas y la prosperidad como absolución
«El resentimiento falangista dio origen a la idea de que el Opus era una especie de masonería o de mafia católica.»1
Paul Preston, Franco. Caudillo de España, p. 831. Traducción del autor.
El consejero cambia de traje
El consejero no muere con el hombre que lo encarna, porque no es un hombre, sino una función, y la función siempre sobrevive a quien la desempeña. Cuando la camisa azul de Serrano Suñer empezó a desteñirse, apareció otro traje: el oscuro del tecnócrata. El régimen ya no necesitaba a un ideólogo que escribiera sus leyes. Necesitaba a un contable que salvara su economía, porque veinte años de autarquía franquista habían llevado al país, en 1959, al borde de la suspensión de pagos.
El primer consejero había dado al crimen la forma de la ley. El segundo dio a la dictadura la apariencia de la competencia técnica. No tuvo un solo rostro. Entró por la puerta de las finanzas y ya no hablaba de cruzada ni de destino, sino de reservas de divisas, productividad y balanza de pagos.
El vocabulario había cambiado.
El poder, no.
Los hombres de Carrero Blanco y el Opus Dei
Alberto Ullastres entró en el Ministerio de Comercio y Mariano Navarro Rubio en Hacienda durante la remodelación gubernamental de 1957. Laureano López Rodó trabajaba ya junto al almirante Carrero Blanco, su protector político. Ullastres, Navarro Rubio y López Rodó pertenecían al Opus Dei o estaban estrechamente vinculados a él. Estas pertenencias y vínculos comunes bastaron para alimentar entre sus rivales falangistas la sospecha de una conspiración secreta.2
Hay que mantener aquí el fiel de la balanza con mucho cuidado, porque este es precisamente el punto en el que la investigación puede descarrilar. No, el Opus Dei no gobernaba secretamente España. La idea de un bloque oculto que manejaba todos los hilos pertenece más al imaginario conspirativo que al análisis histórico. No todos los ministros influyentes de los años sesenta pertenecían al Opus Dei, y López Rodó no fue impuesto por una organización religiosa: fue elegido y protegido por Carrero Blanco.
La realidad es más sencilla y no necesita conspiración. Hombres pertenecientes a las mismas redes católicas, universitarias y administrativas recibieron las principales palancas de la política económica. Actuaron como responsables del régimen, bajo la autoridad de Franco y Carrero Blanco, no como delegados oficiales de una institución religiosa. Ese hecho no necesita ser ennegrecido para resultar grave.
Se los llamó tecnócratas porque presentaban la eficacia como lo contrario de la ideología y la estadística como remedio contra el fervor. Pero no carecían de doctrina. Adherían al orden autoritario, al catolicismo político, a la jerarquía social y a la despolitización de la población. No eliminaron la ideología del Estado.
Le dieron el lenguaje de la competencia técnica.
1959: la autarquía franquista al borde de la bancarrota
Lo que hicieron es conocido, pero hay que decir inmediatamente por qué tuvieron que hacerlo. En 1959, las reservas de divisas estaban prácticamente agotadas, la inflación seguía siendo elevada y el déficit exterior amenazaba incluso las importaciones indispensables. El régimen que pretendía haber salvado España había conducido su economía a un callejón sin salida.
El Plan de Estabilización de julio de 1959, preparado entre otros por Joan Sardà, Alberto Ullastres y Mariano Navarro Rubio, con la colaboración del Fondo Monetario Internacional y de la Organización Europea de Cooperación Económica, rompió con buena parte de la autarquía.3 El comercio exterior fue parcialmente liberalizado, la peseta devaluada, se facilitaron las inversiones extranjeras y se contuvo el gasto público. El país volvió a abrirse a los movimientos económicos de los que el franquismo lo había mantenido apartado durante años.
El primer Plan de Desarrollo cubrió los años 1964 a 1967. El segundo se extendió de 1968 a 1971 y el tercero, de 1972 a 1975.4 El crecimiento posterior fue real. Negarlo sería intelectualmente deshonesto. España se urbanizó, aumentó el empleo industrial y una parte cada vez mayor de la población tuvo acceso al frigorífico, al televisor, a la lavadora, a las vacaciones y, en ocasiones, al automóvil. Aquella mejora siguió siendo desigual, pero transformó profundamente la vida cotidiana y las aspiraciones sociales.
La mentira no está, por tanto, en el crecimiento.
Está en la forma en que el régimen se atribuyó su paternidad.
El «milagro español»: turismo, capital extranjero y emigración
El franquismo no hizo surgir por sí solo aquello que su propaganda llamó el «milagro español». Dejó de asfixiar una parte de la economía, se benefició de la expansión de Europa occidental y convirtió aquel proceso de recuperación en un certificado de buena conducta.
El crecimiento fue consecuencia del cambio de política, ya inevitable, pero también de la demanda europea, el turismo, las exportaciones, la importación de maquinaria y tecnología extranjera, la llegada de capitales y el traslado de mano de obra agrícola hacia la industria y los servicios.5 Tres aportaciones exteriores resultaron particularmente decisivas para la balanza de pagos: las divisas del turismo; las inversiones extranjeras, atraídas entre otras razones por los bajos salarios, la ausencia de sindicatos libres y la prohibición de la huelga; y las remesas de los emigrantes.
Los españoles que marcharon a trabajar a Alemania, Francia, Suiza y otros países europeos enviaron a sus familias una parte considerable de sus salarios. Durante los años sesenta, España recibió cerca de tres mil millones de dólares procedentes del ahorro de sus emigrantes. Aquellas transferencias se convirtieron, después del turismo, en una de las principales fuentes de divisas de la balanza de pagos.6
El régimen no dio la prosperidad. La cobró. Exportó el desempleo que no sabía absorber, repatrió los salarios de quienes tuvieron que marcharse y presentó el resultado como su milagro. El franquismo primero cerró la economía y después se atribuyó el mérito de haberla entreabierto.
Quién pagó realmente aquel milagro, bajo qué condiciones de trabajo, exilio económico y desarraigo, será objeto de un episodio específico. Porque detrás de cada divisa inscrita en la balanza de pagos había un hombre o una mujer que había tenido que buscar fuera el trabajo que su propio país no le daba.
El consumo como legitimación de la dictadura
El desarrollo se vendió como una mercancía política. Los pantanos y las fábricas se presentaron como prueba de que la dictadura funcionaba. Las playas llenas de turistas se convirtieron en certificado de normalidad. El pequeño SEAT 600 comprado a crédito fue transformado en una silenciosa papeleta de voto a favor del orden. El dinero enviado desde Hamburgo, París o Ginebra pasó a convertirse en éxito del régimen que no había sabido retener a quienes lo ganaban.
El crecimiento proporcionó al franquismo una legitimidad de ejercicio que la victoria militar por sí sola ya no podía darle. No sustituyó a la violencia, pero permitió cubrirla. Propuso la mejora material como sustituto del consentimiento político.
Allí donde la cruz del Monsignore había santificado el poder, la lavadora lo excusó. Fue un blanqueamiento más suave, porque no exigía creer.
Bastaba con consumir.
Para la supervivencia del régimen, esta nueva legitimidad fue incluso más eficaz que el miedo heredado del 18 de julio. El desarrollo no democratizó el Estado. Hizo la dictadura más presentable, tanto dentro como fuera de España.
MATESA: diez mil millones de pesetas de crédito público
Pero un régimen no cambia de naturaleza porque cambie de traje. Las prácticas de favor y la ausencia de controles que habían prosperado bajo los viejos ropajes del poder acabaron alcanzando también a los modernizadores.
En 1969 estalló el caso MATESA, Maquinaria Textil del Norte de España, empresa dirigida por Juan Vilá Reyes. La sociedad fabricaba telares sin lanzadera y aspiraba a convertirse en una gran multinacional española. Para financiar su expansión internacional recibió, a partir de 1964, enormes créditos del Banco de Crédito Industrial, una entidad pública.
En cinco años, su deuda con esta institución pasó de algo más de veintidós millones a cerca de diez mil millones de pesetas. MATESA absorbía entonces aproximadamente la mitad de los créditos a la exportación concedidos por el banco, y esa misma línea de crédito representaba más de una cuarta parte del conjunto de los fondos de la entidad.7
La empresa había construido una red de filiales extranjeras y utilizaba transferencias entre sociedades vinculadas para presentar como exportaciones operaciones que no siempre correspondían a ventas definitivas. Se concedieron así créditos destinados a financiar contratos firmes sobre la base de una actividad comercial ampliamente sobrevalorada. La Administración conocía parte de las irregularidades, pero siguió sosteniendo a una empresa que había elevado a la categoría de modelo nacional.
El escándalo no demuestra que todos los tecnócratas robaran ni que los miles de millones del crédito público enriquecieran al Opus Dei. Las investigaciones no establecieron tal cosa. Revela algo más preciso: un régimen sin control independiente había podido concentrar una proporción desmesurada del crédito público en una sola empresa, mantener su apoyo pese a las advertencias y permitir que la razón política prevaleciera sobre la prudencia financiera.
En un régimen sin controles independientes, la corrupción del poder no necesitaba adoptar la forma de una maleta llena de billetes.
Podía adoptar la forma de un crédito público renovado pese a las alarmas y, después, la de una gracia que impedía que las responsabilidades fueran juzgadas hasta el final.
MATESA: del escándalo financiero a la guerra de facciones
El procedimiento judicial se inició el 24 de julio de 1969, después de que el director general de Aduanas denunciara las irregularidades. El asunto llegó a la prensa en agosto. Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo, no reveló por sí solo el escándalo, pero permitió que los periódicos lo trataran con una libertad excepcional. Se negó a ahogar el debate y utilizó el caso dentro de la lucha que enfrentaba a aperturistas y falangistas con los hombres de Carrero Blanco y López Rodó.
Se creó una comisión de investigación en las Cortes. Su informe formuló conclusiones severas contra tres antiguos ministros, Mariano Navarro Rubio, Juan José Espinosa San Martín y Faustino García-Moncó, así como contra López Rodó, que todavía seguía en el Gobierno. Los tres antiguos ministros fueron procesados por el Tribunal Supremo por negligencia. No se les acusaba de haberse embolsado personalmente los miles de millones, sino de no haber impedido que una empresa privilegiada absorbiera semejante masa de crédito público.
La diferencia es importante. No disminuye su responsabilidad política.
La define.
1971: Franco cierra el caso mediante una gracia
Vilá Reyes fue condenado en mayo de 1970 por el Tribunal Especial de Delitos Monetarios a tres años de prisión y a una multa de 1.658 millones de pesetas. El procedimiento relativo a los responsables políticos siguió otro camino y debería haber desembocado en un juicio público.
No desembocó en él.
El 1 de octubre de 1971 se publicó un decreto de gracia concedido por Franco. Abarcaba, entre otras cosas, las penas pecuniarias y permitía aplicarlo sin necesidad de celebrar juicio oral. El 22 de octubre, el Tribunal Supremo aplicó la medida a los responsables procesados por negligencia. Vilá Reyes también se benefició de ella respecto de su condena monetaria.8
El padrino ni siquiera tuvo que proclamar inocentes a sus ministros.
Le bastó con impedir que fueran juzgados.
Casi toda la prensa que durante unas semanas había recibido permiso para hablar volvió a guardar silencio. Solo una excepción rompió aquella quietud: en noviembre de 1971, Cuadernos para el Diálogo publicó un extenso artículo sin firma, «Análisis jurídico de un Decreto», que criticaba la medida bajo el prudente amparo de un análisis exclusivamente jurídico.
El escándalo había cumplido su función dentro de la guerra entre facciones. No debía convertirse en el juicio del régimen. Dos años antes, la remodelación de octubre de 1969 había expulsado tanto a los ministros económicos afectados por el asunto como a quienes habían favorecido su publicidad, entre ellos Fraga y José Solís. Pero el sector de Carrero Blanco y López Rodó salió reforzado de la operación.
Franco sacrificó a algunos hombres sin abandonar el sistema que los había producido. En aquella casa, un escándalo no era una caída.
Era un turno de rueda.
«Mafia católica»: el lenguaje interno del poder franquista
Hay que volver ahora al epígrafe y medir su ironía sin falsearla. La palabra mafia no fue lanzada aquí por las víctimas del régimen, sino por algunos de sus propios servidores. En la lucha entre Falange y los tecnócratas por el oído del Caudillo, los falangistas acusaron al Opus Dei de ser una «mafia católica».
Paul Preston recoge la acusación, pero rechaza convertirla en prueba de una conspiración. Tiene razón. Un insulto lanzado por una facción contra otra no demuestra la existencia de una dirección secreta del Estado. Pero la palabra revela la gramática interna del poder: redes, protecciones, fidelidades, obligados, protector y acceso privilegiado al jefe.
No era una confesión judicial.
Era una confesión de vocabulario.
Para describirse unos a otros, los servidores del franquismo no encontraban ellos mismos otro lenguaje que el del crimen organizado. Cada familia del régimen tenía a sus hombres y quería su parte. Mientras los lugartenientes se disputaban el favor del jefe y se acusaban mutuamente de lo peor, el padrino de los padrinos arbitraba, y gobernaba tanto mejor cuanto más se temían entre ellos.
La palabra no es la prueba.
Pero indica dónde mirar.
La segunda vida económica de la dictadura
El desarrollo dio al franquismo una segunda vida y su forma de impunidad más duradera. Una dictadura que mejora el nivel de vida de una parte de la población consigue ser mejor tolerada que una dictadura que solo reparte hambre y miedo.
Para una parte de la sociedad, la lavadora hizo entonces lo que el pelotón de fusilamiento no había podido hacer: apaciguó. No volvió inocente al régimen. Hizo menos visible su origen.
Los pantanos cubrieron las fosas, las playas sustituyeron a las cárceles en los folletos turísticos y el crecimiento proporcionó a Europa una razón cómoda para dejar de preguntar por el pasado.
Quedaba la parte más desnuda del sistema, aquella que no escribe nada, no moderniza nada y se limita a cobrar.
El consejero piensa. El Monsignore bendice.
Pero la familia cobra.
Ese será el próximo episodio: el del yerno y los nietos, desde el asunto de las Vespa hasta el centro comercial construido sobre tierras arrebatadas después de la guerra.
Notas y referencias
- Paul Preston, Franco. Caudillo de España, edición española, p. 831. El pasaje se encuentra también en la p. 669 de la edición inglesa. ↩
- David Brydan, Franco’s Internationalists: Social Experts and Spain’s Search for Legitimacy, Oxford University Press, especialmente el capítulo dedicado a los tecnócratas, al Opus Dei y a la apertura económica posterior a 1959. ↩
- Banco de España, «60 aniversario del Plan de Estabilización. Homenaje a Joan Sardà». El expediente documenta el papel de Sardà, las consultas con el Fondo Monetario Internacional y la adopción del plan el 21 de julio de 1959. ↩
- El primer Plan de Desarrollo Económico y Social cubrió el periodo 1964-1967. Véase el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado. ↩
- Banco de España, «El Banco de España en la economía»; Fondo Monetario Internacional, «Stabilizing an Economy: Spain», 1968. ↩
- Félix Santos, Exiliados y emigrados, 1939-1999, Madrid, Fundación Españoles en el Mundo, 1999, apartado «La emigración económica a Europa». Véanse asimismo las estadísticas históricas del Banco de España sobre la balanza de pagos española para el periodo 1959-1990. ↩
- Fernando Jiménez, «El caso MATESA: un escándalo político en un régimen autoritario», Historia y Política, n.º 4, 2000, pp. 43-68. El estudio establece que la deuda de MATESA pasó de algo más de veintidós millones de pesetas en 1964 a cerca de diez mil millones en 1969, aproximadamente la mitad de la línea de créditos a la exportación del Banco de Crédito Industrial. Esta línea representaba, a su vez, más de una cuarta parte de los fondos de la entidad. ↩
- Fernando Jiménez, estudio citado, especialmente la parte dedicada a la resolución judicial y política del escándalo. El autor documenta la publicación del decreto de gracia el 1 de octubre de 1971, su aplicación a los responsables políticos por el Tribunal Supremo el 22 de octubre y el artículo publicado en noviembre de 1971 por Cuadernos para el Diálogo con el título «Análisis jurídico de un Decreto». ↩
