La violencia franquista y la amenaza

El cimiento del régimen, allí donde calla la ironía

«Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado.»¹

General Emilio Mola, Instrucción reservada n.º 1, base 5, 25 de abril de 1936.

Aquí hay que cambiar de tono. Lo hago sin rodeos. Los episodios anteriores podían permitirse la ironía porque hablaban de ladrones, de quienes bendecían y de cortesanos, y el ridículo de los poderosos reclama a veces el trazo. Pero después de la extorsión ejercida sobre aquellos a quienes se despojó y del favor concedido a aquellos a quienes se compró, hay que llegar al suelo sobre el que descansa todo lo demás.

Ese suelo está hecho de muertos. Ante los fusilados, ante los desaparecidos arrojados a las fosas, ante las viudas convertidas en deudoras, no hay nada de qué burlarse. La sobriedad es toda la ironía de la Historia. Es la regla que me impuse para este folletín, y es aquí donde adquiere todo su sentido.

1936: el terror como programa político

La primera verdad que hay que establecer es que el terror no fue un desbordamiento. Fue un plan. A veces se cuenta la represión como la fiebre inevitable de una guerra, como un exceso que cualquier ejército cometería en medio del desorden del combate. Las instrucciones escritas de Mola deshacen esa fábula.

Antes del primer disparo de la sublevación, el director de la conspiración prescribía una acción extremadamente violenta, el encarcelamiento de los dirigentes de partidos, sociedades y sindicatos hostiles al movimiento, así como la imposición de castigos ejemplares. En el bando por el que proclamó el estado de guerra el 19 de julio de 1936 exigió además sanciones ejemplares, impuestas con seriedad y ejecutadas con rapidez, «sin vacilaciones ni flaquezas».

El documento escrito no demuestra cada crimen cometido después. Demuestra algo más importante para comprender el sistema: la intención previa, el método y la finalidad política de la violencia. El terror no fue un efecto secundario de la sublevación. Fue uno de sus instrumentos centrales, pensado antes de la guerra, transmitido a quienes debían ejecutarlo y destinado a reducir al silencio a quienes pudieran resistir.

Víctimas y cifras: contar sin falsear

Después hay que hablar de la escala. Pero ningún número habla por sí solo. Antes de contar hay que preguntar quién cuenta, qué cuenta, en qué territorio, durante qué periodo y según qué criterio. Un desaparecido no constituye la misma categoría estadística que un fusilado. Un muerto en prisión, un ejecutado después de un consejo de guerra, un combatiente caído en el frente, un expulsado y una familia despojada son víctimas, pero no forman una unidad estadística que pueda sumarse sin precaución.

En 2008, el auto del juez Baltasar Garzón recogió 114.266 casos de desaparición forzada señalados para el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951. Esa cifra no constituye ni el total definitivo de la represión franquista ni el único recuento posible de los cuerpos depositados en fosas y cunetas. Define el perímetro documental que entonces fue puesto en conocimiento del juez. Sigue siendo un orden de magnitud, no un inventario cerrado.²

En la zona republicana, la represión causó también decenas de miles de víctimas. El cuadro de síntesis publicado en 2012 por Francisco Espinosa Maestre y José Luis Ledesma recoge 49.272 muertos. Ese número corresponde a otra categoría, otro periodo y otro aparato documental. No puede colocarse, por tanto, frente a las 114.266 desapariciones como segunda columna de una contabilidad simétrica. Los muertos no son argumentos de una suma y dos cifras que no miden lo mismo no se vuelven comparables porque aparezcan impresas en la misma línea.³

Estas víctimas no están menos muertas ni son menos dignas de la Historia. Religiosos fueron asesinados, prisioneros fueron ejecutados, iglesias fueron incendiadas y se cometieron crímenes irreparables. El eventual compromiso político de un eclesiástico no le quita su derecho a un juicio y jamás justifica su asesinato. A la inversa, la condición de víctima no santifica el conjunto de sus actos ni la institución cuyo hábito vestía.

La Historia debe examinar los hechos. No tiene por qué asumir la canonización colectiva construida por los vencedores.

Dos violencias, dos relaciones con el poder

Contar los muertos de ambas zonas no significa confundir las causas, los proyectos y las responsabilidades. Tras el hundimiento y la fragmentación de la autoridad provocados por la sublevación, la violencia adoptó en la zona republicana la forma de un estallido revolucionario. Comités, milicias, partidos y grupos armados se apropiaron de ella, la canalizaron y, en ocasiones, la organizaron localmente. En determinados casos participaron también agentes u organismos públicos.

El Gobierno republicano no había convertido previamente esa violencia en programa. Desbordado y privado de una parte de su Ejército, intentó progresivamente recuperar el control, restablecer los tribunales y detener las matanzas, demasiado tarde en algunos lugares y con resultados incompletos.

En la zona sublevada, la violencia respondía a otra lógica. Había sido anunciada antes de la sublevación, inscrita en las instrucciones de sus organizadores, transmitida a los ejecutores como método de conquista y posteriormente centralizada y prolongada por el nuevo Estado. Allí, el terror no apareció como consecuencia del hundimiento del poder. Sirvió para conquistarlo. No fue ejercido únicamente por grupos que la autoridad ya no controlaba. Fue ordenado, encubierto, administrado y finalmente transformado en legalidad.

La diferencia no está en la sangre de las víctimas. Está en la génesis de la violencia, en su relación con el poder y en aquello en lo que se convirtió después de la guerra. En la zona republicana, el hundimiento del Estado abrió paso a violencias que el Gobierno no había preparado ni convertido en programa y que intentó contener, con resultados tardíos y desiguales. En la zona sublevada, un terror concebido como instrumento político quedó después instalado durante décadas en las leyes, las cárceles, las fosas y el silencio.

Antes de 1936: una larga historia de coerción

Queda una frontera que conviene discutir: la que haría comenzar la Historia en julio de 1936. La violencia que estalló en la zona republicana no nació de una crueldad abstracta. Sobrevino en un país marcado desde antiguo por la concentración de la tierra, el caciquismo, la disciplina religiosa, los salarios de miseria y la represión militar. Tenía detrás huelgas aplastadas y muertos enterrados bajo la paz oficial.

No confundo regímenes, siglos ni formas de dominación. Observo, sin embargo, la recurrencia de una misma pretensión: someter conciencias y cuerpos en nombre de un orden declarado sagrado.

El catolicismo de Estado no tuvo una única fecha de nacimiento, sino una larga construcción histórica: la Inquisición autorizada en 1478, la expulsión de los judíos en 1492, las conversiones forzadas, la posterior expulsión de los moriscos y, finalmente, una institución que condenó, torturó, confiscó y vigiló hasta su abolición definitiva en 1834. Ningún registro permite reducir esa historia a una cifra. Negarse a sumarla no obliga a olvidarla. Obliga a nombrarla.⁴

Esa dominación conoció, sin embargo, rupturas. En 1931, la República declaró que el Estado dejaba de tener religión oficial. No retiraba a la Iglesia la libertad de creer. Le retiraba el poder público de imponer su creencia. Una parte importante de las derechas católicas rechazó esa ruptura: la República amenazaba menos la fe que el privilegio político de hablar en su nombre.

Y antes de llegar a 1936, la represión de Asturias de 1934 ya había mostrado lo que podía ocurrir cuando las prácticas de la guerra colonial regresaban a la península: el Ejército de África fue empleado contra un movimiento obrero español.⁵

La Iglesia asumió una responsabilidad grave, y la Historia debe juzgarla por sus actos. Pero esa responsabilidad no justifica asesinar a un sacerdote por el hábito que viste y no por un acto probado, ni rematar a un prisionero que ya no combate. Esta historia no convierte ninguna violencia en inocencia. Solo prohíbe arrancar los crímenes de 1936 de los conflictos sociales, políticos y religiosos que los precedieron.

La moral de los vencedores querría que la Historia comenzara exactamente en el instante en que los dominados golpean y que antes no hubiera existido nada. No se trata de blanquear el incendio. Se trata de negarse a borrar todo aquello que lo precedió.

1939-1945: la represión en la «paz» del vencedor

La política de terror no terminó con la guerra. Se prolongó durante la paz del vencedor. Los fusilamientos continuaron en los años cuarenta. Las cárceles se llenaron. Los consejos de guerra juzgaron en serie. En prisiones, campos y batallones de trabajadores, el hambre, la tuberculosis y las enfermedades terminaron con hombres a quienes las balas habían perdonado.

La represión se hizo también contable. La Ley de 9 de febrero de 1939 sobre responsabilidades políticas, retroactiva hasta el 1 de octubre de 1934, convirtió la derrota en deuda. Se podía haber sido fusilado, ser declarado después deudor y dejar a la viuda la obligación de pagar.

María de los Ángeles Infante resumió aquella doble condena con una frase que reproduzco sin tocarla:

«Multaron a mi padre después de fusilarlo.»

Su padre, Blas Infante, asesinado en agosto de 1936, fue condenado a título póstumo el 4 de mayo de 1940. Su viuda tuvo que pagar las 2.000 pesetas impuestas por el tribunal.⁶

En Andalucía, un programa coordinado por Fernando Martínez y desarrollado por treinta y dos investigadores de ocho universidades ha registrado 61.958 expedientes de incautación de bienes y responsabilidades políticas y 115 millones de pesetas recaudados en multas. Otra serie ofrece 57.801 personas fusiladas entre 1936 y 1945: 49.718 republicanos y 8.083 personas pertenecientes al bando sublevado.

Para medir la represión franquista dentro de esa serie deben retenerse, por tanto, los 49.718 republicanos fusilados, sin agregar víctimas pertenecientes a categorías diferentes. Estos números no forman partes de un mismo total. Muestran, sin embargo, funciones convergentes de un mismo aparato: condenar, despojar, matar.⁷

Del terror a la amenaza permanente

El terror no se mide únicamente por el número de personas que mata. Una vez conocidas las ejecuciones, continúa gobernando a quienes permanecen vivos. El poder ya no necesita mostrar el arma en cada ventanilla. El recuerdo de quienes desaparecieron da un significado al formulario, al recibo, a la citación y al silencio exigido.

La violencia pasada se convierte en una amenaza disponible. El vencido temía el pelotón, la prisión, la pérdida del trabajo o el hambre impuesta a su familia. El obligado temía con mayor frecuencia la caída en desgracia, la ruina, la revelación de una irregularidad tolerada o la apertura repentina de un expediente. Las sanciones no eran las mismas. Procedían del mismo poder: del poder que decidía quién podía vivir, trabajar, poseer, hablar o desaparecer.

Estamos aquí en el punto de articulación de toda esta investigación. Sin las fosas, las aportaciones a las suscripciones patrióticas no habrían afluido de la misma manera, porque se daba para no resultar sospechoso y solo se teme ser sospechoso allí donde la sospecha puede destruir una vida. Sin el pelotón, la moneda declarada enemiga no habría sido entregada a cambio de un recibo con la misma docilidad. Sin la violencia ejercida contra los vencidos, el favor no habría adquirido el mismo poder sobre los obligados. Todos sabían de qué era capaz el Estado.

La violencia no es un capítulo de esta historia.

Es su cimiento.

Economía y terror: el recibo y la tumba

Sería falso separar la economía del terror y el expolio de la sangre como si se tratara de asuntos independientes. Fueron instrumentos inseparables de un mismo sistema.

Una mano entregaba el recibo. La otra cavaba la tumba. Precisamente porque la segunda trabajaba, la primera no necesitaba mostrar un arma en cada ventanilla. La extorsión podía adoptar formas corteses porque la represión era brutal. El favor podía parecer suave porque la alternativa era atroz.

El clan podía presentarse como una administración tranquila, como una familia próspera y como un régimen de orden precisamente porque, bajo sus pies, el terror seguía actuando.

Las fosas y la deuda de la Historia

Sobre los hombres y las mujeres que aquel terror se llevó no añadiré comentario. Hubo personas a las que la noche se llevó por los caminos. Hubo quienes esperaron el amanecer contra un muro. Hubo quienes todavía permanecen bajo la tierra de cementerios, campos, cunetas y arcenes, y a quienes manos pacientes siguen exhumando casi noventa años después para devolverles, al menos, un nombre.⁸

Lo que la Historia les debe es exactitud. Lo demás, la exageración, la ocurrencia o la fórmula que utilizara su muerte para hacer brillar a quien escribe, les quitaría todavía algo.

La represión franquista más allá de los Pirineos

Ese terror tampoco conoció fronteras. Persiguió a los vencidos más allá de los Pirineos, hasta el exilio donde habían creído estar a salvo. Los agentes y ejecutores del régimen cruzaron también la frontera.

Ese será el objeto del próximo episodio. Y nos traerá muy cerca, a nuestras propias carreteras.

Llamamiento a documentos y testimonios

Para La mafia franquista, cinco testimonios independientes, precisos y concordantes pueden contribuir a establecer un hecho que los archivos oficiales no hayan conservado, hayan ocultado o hayan destruido. Un testimonio no es un rumor. Compromete a un testigo y exige un método.

Cada testimonio debe ser identificado por la redacción, aunque sea necesario preservar públicamente el anonimato de la persona; debe recogerse de forma independiente, situarse en el tiempo y en el espacio y confrontarse después con otros relatos, con la cronología, los lugares, los documentos y los indicios disponibles. Los cinco testimonios no adquieren valor por su simple suma ni por repetir una misma versión. Su independencia, precisión y concordancia deben resistir el examen.

Si conserva una carta, un recibo, una fotografía, el nombre de una víctima, la ubicación de una fosa o un recuerdo familiar transmitido con precisión, puede ponerse en contacto con nosotros aquí.

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Fuentes y notas

1. La Instrucción reservada n.º 1 de Mola, generalmente fechada el 25 de abril de 1936, prescribía en su base 5 una acción de extrema violencia y castigos ejemplares contra los dirigentes de partidos, sociedades y sindicatos hostiles al movimiento. Algunas reproducciones llevan la fecha de 25 de mayo, divergencia que obliga a precisar la edición o el facsímil utilizado. Véase «Conspiration contre la République espagnole, 1936». El bando de 19 de julio de 1936 anunciaba sanciones ejemplares ejecutadas con rapidez, «sin vacilaciones ni flaquezas». La célebre declaración oral «Hay que sembrar el terror», atribuida a una reunión de alcaldes de 19 de julio, no está acreditada por ninguna fuente contemporánea localizada hasta ahora. Miguel José Izu Belloso ha seguido su rastro hasta un relato publicado en 1955: «Más falsas citas sobre la historia de Navarra», Príncipe de Viana, n.º 284, 2022, pp. 601-622. ↩
2. Baltasar Garzón, auto de 16 de octubre de 2008, diligencias previas 399/2006. El documento recogía 114.266 casos de desaparición forzada señalados entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951, cifra susceptible de modificación mediante el examen posterior de los expedientes. Véase la presentación contemporánea del auto. ↩
3. Francisco Espinosa Maestre y José Luis Ledesma, «La violencia y sus mitos», en Ángel Viñas, dir., En el combate por la historia. La República, la Guerra Civil, el franquismo, Pasado & Presente, 2012, pp. 475-498. Sobre la fragmentación del poder, los grupos armados, los micropoderes y la organización local de las violencias en la zona republicana, véase José Luis Ledesma, «Qué violencia para qué retaguardia o la República en guerra de 1936», Ayer, n.º 76, 2009, pp. 83-114. ↩
4. La Inquisición española fue autorizada en 1478 por el papa Sixto IV a petición de los soberanos de Castilla y Aragón. Mauricio Drelichman, Jordi Vidal-Robert y Hans-Joachim Voth han construido una base de 67.521 expedientes individuales de procesos inquisitoriales, principalmente entre 1480 y 1820: «The long-run effects of religious persecution: Evidence from the Spanish Inquisition», Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 118, n.º 33, 2021. Sobre la expulsión de aproximadamente 300.000 moriscos entre 1609 y 1614, véase Michael Jónsson, «The expulsion of the Moriscos from Spain in 1609-1614», Journal of Global History, vol. 2, n.º 2, 2007, pp. 195-212. El artículo 3 de la Constitución de 1931 establecía que «el Estado español no tiene religión oficial»: texto oficial del Congreso de los Diputados. ↩
5. Jorge Villanueva Farpón, «Que no entren los moros. Reflexiones sobre la participación de tropas coloniales en la represión de la Revolución de Octubre de 1934 en Asturias», en José Luis Agudín Menéndez y Rubén Cabal Tejada, dirs., Estudios socioculturales. Resultados, experiencias, reflexiones II, Oviedo, AJIES, 2021, pp. 191-202. Véase también María Rosa de Madariaga, Los moros que trajo Franco. La intervención de tropas coloniales en la guerra civil española, Barcelona, Martínez Roca, 2002. Franco coordinó las operaciones desde Madrid, mientras el general Eduardo López Ochoa ejercía el mando sobre el terreno. ↩
6. La Ley de 9 de febrero de 1939 sobre responsabilidades políticas declaró retroactivamente responsables a quienes hubieran contribuido, desde el 1 de octubre de 1934, a lo que denominaba la subversión. Véase el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado el 13 de febrero de 1939. El tribunal condenó a Blas Infante a título póstumo el 4 de mayo de 1940 y le impuso una sanción de 2.000 pesetas, abonada por su viuda. Véanse la ficha de la Junta de Andalucía y el testimonio de María de los Ángeles Infante, «Multaron a mi padre después de fusilarlo», Público, 10 de octubre de 2010. ↩
7. El programa de investigación andaluz coordinado por Fernando Martínez reunió a treinta y dos investigadores de ocho universidades. Ha registrado 61.958 expedientes de incautación de bienes y responsabilidades políticas y 115 millones de pesetas en multas. La presentación periodística citada ofrece además un total de 57.801 personas fusiladas entre 1936 y 1945, repartidas entre 49.718 republicanos y 8.083 personas pertenecientes al bando sublevado. Las series deben mantenerse separadas y referirse siempre a sus propias categorías. Véase Alejandro Torrús, «Caídos por Dios, por España… y por el dinero», Público, 30 de diciembre de 2012. ↩
8. El organismo estatal competente en materia de Memoria Democrática mantiene un inventario público de fosas y personas desaparecidas y advierte de que los resultados pueden seguir siendo parciales o provisionales y requieren actualización periódica. Véase el Mapa integrado de localización de personas desaparecidas. ↩