La educación nacional bajo Franco (1938-1975)

Modernizar la escuela sin democratizar el régimen

La historia de la educación bajo el franquismo no se reduce ni a la historia de la escuela ni a la de los programas. Afecta a la concepción misma de la sociedad que el régimen pretendía construir. ¿Quién debía aprender? ¿Hasta qué edad? ¿Para convertirse en qué? ¿Quién accedería a la universidad y quién no cruzaría nunca su puerta? ¿Qué lugar se asignaba a las niñas? ¿Qué debía saber un maestro y, sobre todo, a qué debía adherirse? A cada una de esas preguntas respondía una arquitectura escolar, y esa arquitectura producía títulos que no acreditaban únicamente conocimientos. Distribuían posiciones sociales.

El periodo que va de 1938 a 1975 no fue inmóvil, y conviene decirlo desde el principio para no volver sobre ello. La escuela de los años cuarenta no es la de 1970. Antonio Viñao Frago ha mostrado las transformaciones internas del sistema, y Alejandro Mayordomo Pérez ofreció una interpretación ya clásica del paso del nacionalcatolicismo a la tecnocracia educativa. Esa evolución fue real. Pero no modificó la naturaleza política del régimen, y ahí está toda la tesis de estas páginas. Bajo la muda pedagógica, el núcleo permaneció intacto: todavía en 1965, en plena modernización, la ley seguía exigiendo al maestro adhesión a los principios del Movimiento. La escuela franquista se modernizó antes de que España se democratizara, y veremos que una dictadura puede perfectamente dotarse de laboratorios, ingenieros y clases nocturnas sin concederse una sola libertad.

1938: formar las élites de la «Nueva España»

El punto de partida se sitúa en septiembre de 1938. La guerra continúa, el poder franquista aún controla solo una parte del territorio y, sin embargo, ya legisla sobre la enseñanza secundaria. El detalle es revelador. Antes incluso de haber vencido, el nuevo Estado se preocupa por formar a quienes administrarán su victoria. Todavía no posee el país, pero ya ha previsto sus cuadros.

La Ley de 20 de septiembre de 1938 sobre enseñanza secundaria posee una franqueza que el historiador casi envidia. El Bachillerato universitario aparece como uno de los instrumentos más eficaces para actuar sobre la sociedad y formar a sus futuras clases directoras. El texto añade que otras enseñanzas, más prácticas, acogerán a los demás sectores sociales y limitarán la afluencia hacia las profesiones liberales. Dicho de otro modo, la selección social no es un efecto vergonzoso del sistema oculto entre sus engranajes. Es su programa, impreso en el Boletín Oficial. Desde la primera ley escolar del régimen se aprende quién está destinado a mandar y quién a obedecer.

La ley no pretende únicamente organizar estudios; reivindica una transformación de las mentalidades. Anuncia el control de los manuales y promete que una juventud formada según las nuevas normas permitirá una «transformación total» del espíritu nacional. La enseñanza debe reencontrarse con el catolicismo, las humanidades clásicas, el Siglo de Oro y la Hispanidad. La escuela no es un espacio neutral de transmisión, sino un instrumento de refundación. Y conviene tomarse este vocabulario en serio, porque no es una calificación que el historiador proyecte retrospectivamente: es el propio legislador quien explica lo que espera de la escuela.

La empresa comenzó, además, antes de lo que suele creerse, y desde abajo. Ya mediante la Orden de 20 de enero de 1939, antes del final de la guerra, el régimen regulaba los principios morales de la enseñanza primaria. De la secundaria a la primaria, se ocupaba de la escuela antes de haber terminado de ganar la suya.

También pasó por los maestros. Los trabajos de Francisco Morente Valero sobre la depuración del Magisterio Nacional, y los dedicados a la depuración de los profesores de instituto, lo han establecido: la reconstrucción escolar empezó por una selección política del profesorado. Antes de reescribir los programas, el régimen escogió quién tendría derecho a enseñar y apartó a los demás. Sobre aquellos que fueron destituidos, sancionados y reducidos al silencio no hay ironía posible. Solo cabe recordar que la nueva escuela se construyó primero sobre cátedras vaciadas.

La escuela primaria franquista: instruir, creer y obedecer

La Ley de Enseñanza Primaria de 17 de julio de 1945 dio a la escuela de posguerra su forma duradera. El niño quedaba integrado en un sistema en el que intervenían conjuntamente la familia, la Iglesia y el Estado. El maestro no enseñaba únicamente a leer, escribir y contar. Dirigía una empresa de formación moral, religiosa, cívica y política.

La escuela de las primeras décadas descansaba así sobre una estrecha aleación de catolicismo, patriotismo, disciplina, jerarquía y roles separados por sexo. Y esa aleación no se fundió con las primeras modernizaciones. Todavía en 1965, la ley imponía a los maestros la adhesión a los principios del Movimiento, exigía una conducta moral ejemplar y definía al maestro como alguien que actuaba en armonía con los derechos de la Iglesia católica. Se modernizaba la escuela con una mano y, con la otra, se seguía exigiendo fidelidad al maestro.

La separación entre niños y niñas era institucional. La reforma de 1965 la mantuvo: a partir de los seis años, las escuelas debían organizarse en principio por separado. Y la separación de los cuerpos duplicaba una separación de los destinos. En la enseñanza secundaria de 1953, las enseñanzas del hogar, reservadas a las niñas, eran obligatorias y contaban incluso en los exámenes, bajo la mirada de la Sección Femenina. A los niños se les enseñaba a dirigir la nación y a las niñas a llevar la casa, procurando que la futura ciudadana supiera remendar un dobladillo antes de saber formular una opinión.

Esta dimensión es fundamental para hablar de cultura educativa. El sistema no distribuye únicamente saberes diferentes según el nivel. Distribuye roles. La cultura escolar fabrica al alumno, pero también al niño y a la niña tal como el régimen ha decidido que deben llegar a ser.

Durante los años cincuenta y, sobre todo, sesenta, se impuso sin embargo otra necesidad: escolarizar a más población. La urbanización, la industrialización y el crecimiento demográfico hicieron insuficiente un sistema pensado para una sociedad rural. En 1965, la enseñanza básica se organizó en ocho años, de los seis a los catorce, y se declaró obligatoria y gratuita, comprometiéndose el Estado a crear plazas y extender la gratuidad a los libros. Aquí aparece una de las contradicciones más sabrosas del franquismo educativo. El régimen que había construido una escuela de selección tuvo que resignarse, a regañadientes, a construir una escuela de masas. No por generosidad, sino porque una economía moderna no funciona con analfabetos.

El Certificado de Estudios Primarios: el primer filtro escolar

A la escuela primaria correspondía un primer sistema de certificaciones. El Certificado de Estudios Primarios acreditaba la finalización de los estudios elementales. Con la reforma de 1965, el recorrido quedaba consignado en un Libro de escolaridad. Al término de los ocho años obligatorios, el certificado de estudios primarios se convertía en el documento oficial del nivel alcanzado. Quien hubiera asistido a la escuela sin obtenerlo recibía un simple Certificado de escolaridad.

La diferencia no tenía nada de terminológica. Instituido por la ley de 1945, el certificado no se aplicó realmente hasta 1954, y en 1958 fue reglamentado para permitir, previo examen, el acceso al tercer curso de bachillerato. El texto de 1965 preveía incluso que pudiera exigirse para determinados derechos o contratos de trabajo. El título dejaba así de ser el recuerdo de una escolarización y se convertía en prueba administrativa de un nivel, y pronto en condición para un empleo. No se entraba en la vida laboral sin el papel correspondiente.

El Bachillerato franquista: exámenes, reválidas y selección social

Es en la enseñanza secundaria donde la función selectiva aparece con toda claridad.

En 1938, siete años conducían al Examen de Estado, indispensable para obtener el título de Bachiller y acceder a la universidad. El control final escapaba al centro que había impartido la enseñanza: el Estado comprobaba directamente, mediante tribunales universitarios, que el candidato alcanzaba el nivel exigido. Nadie se expedía su propio título.

La reforma de 1953, la llamada «Ley Ruiz-Giménez», modificó la organización sin alterar su lógica de selección. Distinguió dos títulos sucesivos. El Bachillerato elemental duraba cuatro años y terminaba con una Prueba de Grado, la célebre reválida de la memoria escolar, que otorgaba el título de Bachiller Elemental. El Bachillerato superior añadía dos años y una nueva prueba para obtener el título de Bachiller Superior, con orientación hacia ciencias o letras. A ese nivel aún había que superar el Curso Preuniversitario, el Preu, y luego las pruebas de madurez. La enseñanza secundaria se convertía en una sucesión de ventanillas: entrada, paso, primer grado, segundo grado, curso preuniversitario, acceso final. En cada puerta, un examen; en cada examen, una parte de los candidatos quedaba fuera.

El examen no era, por tanto, una simple técnica pedagógica, sino un rasgo cultural. El título se obtenía tras una serie de filtros, y sobre la escuela de masas que empezaba a construirse seguía superpuesta durante mucho tiempo una escuela de selección.

La ley de 1953 concedió, es cierto, más espacio a la enseñanza científica que el bachillerato literario de 1938. Pero no conviene engañarse. Mantuvo que la enseñanza media debía ajustarse al dogma y a la moral católicos, así como a los principios del Movimiento Nacional, con religión, Formación del Espíritu Nacional y educación física en lugar destacado, además de las enseñanzas del hogar para las niñas. Los años cincuenta no fueron el abandono de la escuela ideológica. Fueron su versión mejor peinada.

La universidad franquista: depuración y reconstrucción de las élites

La universidad constituye el otro extremo del sistema, y la ruptura de 1936 fue allí brutal. Luis Enrique Otero Carvajal ha medido su amplitud: de los 487 catedráticos no jubilados censados en 1935, 159 habían quedado excluidos de la universidad a 1 de febrero de 1945, si se cuentan exiliados, muertos y fusilados. La pérdida no fue únicamente política. Rompió redes científicas, escuelas de investigación y cadenas de transmisión. No se sustituye a un sabio fusilado con un certificado de buena conducta ideológica.

La Ley universitaria de 29 de julio de 1943 expuso sin rodeos el modelo de sustitución. La universidad estatal debía ser católica y tomar como guía el dogma y la moral cristiana. Debía servir a los ideales de Falange y exaltar los valores hispánicos. Ciencia, religión, jerarquía, disciplina y servicio al Estado quedaban anudados entre sí. El rector debía ser miembro de FET y de las JONS.

Este marco no impidió ni la producción científica, ni la aparición de profesores valiosos, ni, más tarde, la contestación universitaria, y la historiografía tiene razón al distinguir entre la institución querida por el régimen, las prácticas reales y las evoluciones de cuatro décadas. Pero el marco jurídico permanece y resulta elocuente. Los dos grandes grados eran Licenciado y Doctor. Ahora bien, la ley de 1943 añadía un detalle que resume todo un régimen: determinados puestos universitarios exigían no solo el doctorado, sino también la prueba de una «firme adhesión» a los principios del Estado, acreditada por la Secretaría General del Movimiento. No bastaba con que el profesor conociera su materia; debía hacer visar su fidelidad. La competencia venía después de la docilidad, y un doctorado sin certificado de lealtad podía no llevar a ninguna parte.

La formación profesional franquista: una vía paralela para obreros y técnicos

El sistema no puede entenderse únicamente a través del binomio Bachillerato-universidad. Desde 1938 estaba presente la idea de orientar a una parte de la población hacia formaciones prácticas, y la industrialización la convirtió en indispensable. Hay que recordar una etapa intermedia que suele pasarse demasiado rápido: la Ley de Bases de Enseñanza Media y Profesional de 16 de julio de 1949 creó un bachillerato laboral, prueba de que esa vía también fue construida por capas sucesivas.

La Ley de Formación Profesional Industrial de 20 de julio de 1955 sistematizó después una vía destinada a los oficios industriales, con el Aprendizaje Industrial y la Maestría Industrial. Los títulos de Oficial Industrial y Maestro Industrial se convirtieron en referencias, y no desaparecieron de inmediato: todavía en noviembre de 1975 un texto oficial tuvo que establecer su equivalencia con los nuevos títulos. Esta vía cumplía una función económica evidente: proporcionar obreros cualificados y técnicos a una economía en expansión. Pero cumplía también una función de distribución social. Durante mucho tiempo, la formación profesional no fue una variante del Bachillerato, sino una vía paralela, socialmente separada. No se ascendía a ella; se era destinado a ella.

Es precisamente esa estanqueidad entre enseñanza general, formación profesional y universidad la que la reforma de 1970 intentaría perforar.

La Ley General de Educación de 1970: gran reforma sin democratización

La Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970 fue la reorganización escolar más amplia que España había conocido desde el siglo XIX. Nacida del Libro Blanco de 1969, pretendía adaptar la enseñanza a una sociedad que ya tenía poco que ver con la de la posguerra.

Pero conviene mantener las palabras en su sitio. La ley de 1970 fue una modernización profunda del sistema educativo franquista, no su democratización. Fue concebida, aprobada y aplicada bajo Franco, y modificó las estructuras sin alterar el régimen que las controlaba. Reformar la escuela no es reformar la dictadura. Se puede pintar de nuevo el aula sin abrir jamás la ventana.

La reforma creó una Educación General Básica, la EGB, común y obligatoria. Al término de la misma, había dos salidas: el alumno que alcanzaba el nivel exigido obtenía el Graduado Escolar; el otro, un Certificado de Escolaridad. El primero abría el acceso al Bachillerato; el segundo conducía sobre todo a la formación profesional de primer grado. Incluso dentro de una escuela básica finalmente común, el último examen seguía clasificando destinos. La selección no había desaparecido; simplemente se había desplazado a la salida.

El nuevo Bachillerato, unificado, duraba tres años, y el Título de Bachiller conducía bien a la formación profesional de segundo grado, bien al Curso de Orientación Universitaria, el COU, antesala de la universidad. La enseñanza superior se organizaba en ciclos, con los títulos de Diplomado, Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico al término de los estudios cortos; Licenciado, Ingeniero o Arquitecto en el segundo ciclo, y Doctor en el tercero. La formación profesional, reorganizada por grados, incorporó por fin pasarelas hacia el resto del sistema. Por primera vez, la arquitectura buscaba conectar lo que había mantenido separado.

La reforma, sin embargo, no entró en vigor de una sola vez. En 1975 coexistían todavía planes antiguos y nuevos. La orden de 21 de noviembre de 1975 sobre los títulos de Oficial y Maestro Industrial lo demuestra materialmente: la administración tuvo que organizar la equivalencia entre los títulos de 1955 y los del nuevo sistema. A la muerte del dictador, la escuela española estaba haciendo dialogar dos arquitecturas, ambas nacidas bajo la misma dictadura. Se cambiaba de plano sin cambiar de arquitecto.

Principales títulos y etapas del sistema educativo franquista

• Enseñanza primaria: Certificado de Estudios Primarios; en su defecto, Certificado de Escolaridad. Después de 1970, el título final de la EGB pasa a ser el Graduado Escolar, mientras el Certificado de Escolaridad permanece para los demás.
• Bachillerato de 1938: siete años, Examen de Estado y después Título de Bachiller, indispensable para acceder a la universidad.
• Sistema de 1953: Bachiller Elemental después de cuatro años y una Prueba de Grado; dos años más para el Bachiller Superior; después, Curso Preuniversitario y pruebas de madurez.
• Formación profesional: bachillerato laboral (ley de 1949); Oficial Industrial y Maestro Industrial (sistema de 1955), equiparados en 1975 a los grados primero y segundo de la nueva formación profesional.
• Universidad antes de la LGE: Licenciado y Doctor, además de los títulos de las escuelas técnicas y profesiones reguladas.
• Sistema de 1970: Graduado Escolar, Bachiller, formación profesional de primero, segundo y eventualmente tercer grado; en enseñanza superior, Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto y Doctor.

La cultura del título: escuela, jerarquía y movilidad social

La evolución de los títulos resume casi por sí sola todo el franquismo educativo.

En 1938, el título servía para seleccionar una élite, y el legislador lo escribió casi sin disimulo: el Bachillerato formaría a las clases dirigentes, mientras los demás serían orientados hacia funciones prácticas. En los años cincuenta, la multiplicación de etapas —Bachiller Elemental, Bachiller Superior, Preuniversitario, títulos profesionales— organizó una sociedad en la que la escuela se abría algo más, pero los recorridos seguían fuertemente jerarquizados. En los años sesenta, el crecimiento impuso otra lógica: hacían falta más escuelas, más maestros, más técnicos, más titulados; la reforma de 1965 amplió la escolaridad obligatoria a ocho años y la de 1970 intentó finalmente integrar todo el sistema en una arquitectura común.

Sin embargo, una continuidad atraviesa todo ese movimiento, y eso es lo que conviene retener. Todavía en 1965, cuando el Estado modernizaba a gran escala, el maestro seguía obligado a adherirse a los principios del Movimiento; la formación de los futuros docentes seguía incluyendo instrucción religiosa y política; y tanto la Iglesia como el Movimiento conservaban influencia sobre determinadas selecciones. Modernización pedagógica, desarrollo económico y permanencia política convivieron sin dificultad. Esa es, probablemente, la conclusión que importa.

La escuela franquista no fue inmóvil. El régimen transformó profundamente su sistema porque España estaba transformándose. Pero esa transformación no fue una ruptura con el franquismo. Entre la escuela nacionalcatólica de la posguerra y la reforma tecnocrática de 1970, los métodos cambiaron, los alumnos se multiplicaron, los itinerarios se alargaron, los títulos proliferaron y la universidad pasó de ser un club restringido a convertirse en enseñanza de masas. Pero hasta la muerte de Franco, todo ello permaneció encerrado dentro del marco de la dictadura. El Estado supo modernizar la escuela sin reconocer jamás la libertad política de quienes formaba.

La contradicción es solo aparente, y quizá sea eso lo más inquietante. Una dictadura moderna también necesita ingenieros, médicos, técnicos, maestros y obreros cualificados. En 1938, el régimen quería transformar las conciencias para construir la Nueva España. En 1970 necesitaba además la mano de obra cualificada de una España industrial. Entre ambas fechas, la escuela había pasado de la reconquista ideológica a la administración de una sociedad de masas, sin que la segunda borrara nunca por completo a la primera. Ya no bastaba con fabricar creyentes. Ahora hacían falta productores. Pero ni unos ni otros tenían derecho a votar.

Referencias historiográficas

Antonio Viñao Frago, «La educación en el franquismo (1936-1975)», Educar em Revista, 2014, sobre las transformaciones internas y la escolarización. Alejandro Mayordomo Pérez, «Nacional-catolicismo, tecnocracia y educación en la España del franquismo (1939-1975)», 1997, para el paso de la primera cultura escolar a la racionalización tecnocrática. Francisco Morente Valero, La escuela y el Estado Nuevo. La depuración del Magisterio Nacional (1936-1943), 1997, sobre la depuración del profesorado. Manuel de Puelles Benítez, Educación e ideología en la España contemporánea, sobre el paso del nacionalcatolicismo a la ley de 1970. Luis Enrique Otero Carvajal, «La destrucción de la ciencia en España», 2001, sobre la ruptura universitaria y científica.

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