República vasca de 1936
La República vasca: una soberanía inacabada
La «República vasca» de 1936, entre el derecho, los hechos y la memoria
Anatomía de una revolución. Investigación histórica sobre la revolución social durante la Segunda República española, 1931-1939.
Lo que el derecho no dice y la memoria afirma
La expresión «República vasca» posee una fuerza evocadora que el derecho de 1936 no confirma. El 1 de octubre de 1936, las Cortes españolas no establecieron una república independiente: aprobaron un estatuto según el cual Álava, Guipúzcoa y Vizcaya se constituían en región autónoma dentro del Estado español, bajo la denominación de País Vasco. El Gobierno presidido por José Antonio Aguirre nació de la legalidad de la Segunda República y siguió siendo oficialmente uno de sus gobiernos autónomos.
La fórmula no es, sin embargo, completamente abusiva, siempre que se mantenga entre comillas. Entre octubre de 1936 y junio de 1937, el Gobierno de Euzkadi ejerció sobre el territorio que permanecía bajo su autoridad competencias que excedían ampliamente las previstas por el Estatuto: organizó un ejército, una policía, una justicia, una administración fiscal, servicios diplomáticos, una universidad y una marina auxiliar; hizo emitir billetes, acuñar moneda y preparar valores postales. No proclamó la soberanía, pero adoptó varios de sus atributos materiales.
Esta historia no puede reducirse, por tanto, ni al relato de una secesión ni al de una simple descentralización administrativa. Es la historia de una autonomía obtenida dentro de la República, transformada por la presión de la guerra en un Estado de hecho y convertida después, mediante la derrota, el exilio y la memoria, en una de las principales fuentes de legitimidad del nacionalismo vasco democrático.
1931: la República reabre la cuestión vasca
La proclamación de la República, el 14 de abril de 1931, reabrió la cuestión de la autonomía después de la dictadura de Primo de Rivera. La reivindicación no procedía de un movimiento homogéneo. El País Vasco y Navarra estaban atravesados por tres grandes familias políticas. El carlismo, poderoso en Navarra y en parte de Álava, defendía la monarquía tradicional, el catolicismo político y los fueros. El Partido Nacionalista Vasco, PNV, asociaba la reivindicación nacional a un catolicismo conservador. Republicanos, socialistas y, en las zonas industriales, comunistas y anarcosindicalistas querían inscribir la autonomía dentro de una transformación democrática y social de España.
Las elecciones municipales de abril de 1931 no revelaron, por tanto, un País Vasco unánimemente republicano. En numerosos municipios rurales vencieron las derechas y el PNV, mientras el bloque republicano-socialista dominaba en los grandes centros urbanos e industriales. La República no eliminó los antagonismos vascos.
Les ofreció un marco nuevo.
El PNV se encontraba en una posición paradójica. No había participado en el Pacto de San Sebastián que preparó la República y su catolicismo lo enfrentaba a varias de las reformas laicas del nuevo régimen. Pero solo la República parecía capaz de concederle la autonomía que la monarquía le había negado. Esa contradicción dominó todo el periodo: el nacionalismo aspiraba a la autonomía, pero debía obtenerla de un régimen cuyo programa cuestionaba parcialmente.
1931: el Estatuto de Estella y el «Gibraltar del Vaticano»
En la primavera de 1931, la Sociedad de Estudios Vascos elaboró un anteproyecto que reunía Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra. El texto fue retomado y profundamente modificado en la Asamblea de Estella del 14 de junio de 1931. Apoyado por el PNV, los carlistas y las derechas católicas, el Estatuto de Estella concebía la autonomía como un baluarte religioso frente a la República laica. Atribuía al futuro poder vasco competencias en sus relaciones con la Iglesia y contemplaba la posibilidad de un concordato particular con la Santa Sede.1
Estas disposiciones excedían el ámbito de una autonomía regional. Afectaban a las relaciones internacionales y al régimen de cultos, materias que la Constitución reservaba al Estado. Republicanos y socialistas denunciaron el riesgo de crear un enclave clerical en el norte, pronto calificado como «Gibraltar del Vaticano».
El fracaso de Estella no puede presentarse, por tanto, como un simple rechazo español de la autonomía vasca. El texto asociaba la reivindicación foral y nacional a un proyecto confesional difícilmente compatible con la Constitución republicana.
La coalición entre nacionalistas y carlistas duró poco. Los primeros buscaban la autonomía; los segundos avanzaban hacia la destrucción de la República. Según la fórmula de Ludger Mees, los nacionalistas se dirigían hacia el compromiso estatutario mientras los tradicionalistas elegían la conspiración.2
1932: Navarra abandona el proyecto autonómico común
Después de Estella se elaboró un nuevo proyecto bajo la autoridad de las comisiones gestoras de las cuatro provincias. Abandonaba las disposiciones confesionales y se ajustaba al marco de la Constitución de 1931. Pero la unidad vasco-navarra se rompió en la asamblea municipal de Pamplona de junio de 1932, cuando una mayoría de representantes navarros votó contra el estatuto común.
Las condiciones de la votación han sido objeto de una importante controversia: algunos delegados no respetaron los mandatos que habían recibido y se señalaron diversas irregularidades. El resultado político no fue por ello menos decisivo.
Navarra salió del proceso.
La ruptura no puede imputarse únicamente a las manipulaciones de aquella asamblea. El carlismo navarro se estaba volviendo abiertamente contrarrevolucionario y una parte considerable de la sociedad navarra rechazaba la República y no quería un estatuto que pudiera reforzar al PNV. La futura autonomía quedó así limitada a tres provincias.
La separación de Navarra, presentada posteriormente en ocasiones como una mutilación impuesta desde fuera, fue también consecuencia de relaciones de fuerza internas profundamente divergentes.
1933: el referéndum vasco y el bloqueo del Estatuto
El proyecto de las tres provincias fue sometido a referéndum el 5 de noviembre de 1933. Obtuvo una mayoría muy amplia en Vizcaya y Guipúzcoa, pero un apoyo mucho menor en Álava, circunstancia que permitió a sus adversarios discutir la validez del conjunto. Las elecciones generales de noviembre de 1933 dieron la mayoría a las derechas y el procedimiento parlamentario fue retrasado, discutido y finalmente paralizado.
A diferencia del Estatuto catalán, aprobado en 1932, el Estatuto vasco quedó en suspenso.
La autonomía no fue, por tanto, una concesión improvisada durante la guerra para comprar el apoyo del PNV. Desde 1931 había sido objeto de anteproyectos, asambleas, negociaciones y un referéndum. El levantamiento de julio de 1936 aceleró la conclusión de un proceso anterior.
No lo creó.
Aguirre y Prieto: una alianza política improbable
Los años 1934-1936 modificaron las relaciones políticas. Los conflictos entre el Gobierno de derechas y los municipios vascos, la represión posterior a la insurrección de octubre de 1934 y la radicalización del carlismo alejaron al PNV de las derechas españolas. Ese desplazamiento no convirtió al PNV en un partido de izquierdas: seguía siendo católico, partidario de la propiedad privada y socialmente moderado. Pero evolucionó hacia una práctica democristiana y autonomista más próxima a republicanos y socialistas que a monárquicos y fascistizantes.
Después de la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, el socialista Indalecio Prieto y el nacionalista José Antonio Aguirre desempeñaron un papel central en la reactivación del proceso. Prieto presidía la comisión parlamentaria competente y Aguirre era su secretario. Durante la primavera de 1936 alcanzaron un compromiso sobre un texto mucho más breve que los proyectos anteriores.3
Esta alianza constituye uno de los hechos fundamentales de la historia vasca contemporánea. La autonomía de 1936 no fue obra exclusiva del nacionalismo. Resultó del encuentro entre dos tradiciones durante mucho tiempo enfrentadas: el nacionalismo católico de Aguirre y el socialismo republicano de Prieto.
Los socialistas esperaban integrar al PNV en la defensa de la República y republicanizar políticamente el País Vasco. Los nacionalistas obtenían finalmente el reconocimiento institucional de Euzkadi.
Julio de 1936: un País Vasco dividido por la guerra
El golpe de Estado de julio de 1936 dividió inmediatamente los territorios vascos. La sublevación triunfó en Navarra, donde Mola podía contar con varios miles de requetés carlistas preparados para la guerra, y en casi toda Álava. Fracasó en Vizcaya y Guipúzcoa, que permanecieron fieles a la República, aunque el ejército insurgente conquistó durante el verano y el otoño de 1936 la mayor parte de Guipúzcoa.
Es imposible hablar, por tanto, de un pueblo vasco unánimemente levantado contra Franco. La guerra enfrentó también a vascos contra vascos: nacionalistas, socialistas, comunistas, republicanos y anarquistas de un lado; militares sublevados, falangistas y requetés del otro.
El PNV eligió el campo republicano. Esa decisión se basó menos en una adhesión al programa del Frente Popular que en lo que José Luis de la Granja denomina la «clave autonómica»: la República estaba a punto de aprobar el Estatuto, mientras los sublevados, aliados con los carlistas y hostiles a las autonomías, no ofrecían ninguna garantía comparable.4
Esta elección tuvo una importancia moral e internacional considerable. Demostraba que el catolicismo no llevaba necesariamente al apoyo de la sublevación y que un partido católico, conservador y nacionalista podía escoger la legalidad democrática frente a una insurrección apoyada por gran parte de la jerarquía eclesiástica.
Octubre de 1936: el Estatuto vasco de catorce artículos
El Estatuto fue aprobado por las Cortes el 1 de octubre de 1936, promulgado por Manuel Azaña el día 6 y publicado en la Gaceta de Madrid el 7 de octubre. Su artículo primero establecía que Álava, Guipúzcoa y Vizcaya constituían una región autónoma dentro del Estado español.
El texto no proclamaba independencia, soberanía nacional ni una república particular. Establecía un poder regional dotado de órganos ejecutivo y legislativo y de autonomía administrativa, judicial y financiera, pero subordinado a la Constitución.5
El Estatuto tenía solo catorce artículos, muchos menos que el proyecto sometido a referéndum en 1933. Ni siquiera creaba explícitamente un Gobierno y un Parlamento: hablaba prudentemente de un órgano ejecutivo y otro legislativo y mantenía varias competencias esenciales en manos del Estado.
Una disposición transitoria establecía, sin embargo, que debido a las circunstancias de guerra un Gobierno provisional ejercería las facultades reconocidas por el Estatuto.
El 7 de octubre, Aguirre fue elegido presidente por los concejales que todavía podían participar en la votación. Prestó juramento en Guernica, bajo el árbol simbólico de las libertades forales, mediante una fórmula religiosa, nacional y política cuyo texto exacto circula en distintas versiones y debe verificarse antes de ser citado literalmente.6
El primer Gobierno estaba formado por once miembros: cuatro del PNV, tres socialistas, un comunista, un representante de Acción Nacionalista Vasca, uno de Izquierda Republicana y otro de Unión Republicana. Aguirre acumuló la Presidencia y la cartera de Defensa.
La CNT, aunque importante en determinadas zonas, quedó fuera del Ejecutivo. Esa exclusión no es un simple detalle de reparto ministerial: constituye uno de los principios del modelo vasco. El Gobierno era pluralista, pero el PNV controlaba los puestos decisivos, Presidencia, Defensa, Gobernación, Justicia, Cultura y Hacienda, lo que le otorgó una influencia superior al número de sus carteras.
Del Estatuto de autonomía al Estado vasco de hecho
La paradoja del Estatuto reside en la distancia entre su modestia jurídica y la extensión real de las competencias ejercidas. La Vizcaya republicana estaba aislada del Gobierno central, instalado entonces en Valencia, y sus comunicaciones terrestres con el resto del territorio republicano se encontraban cortadas. El Gobierno vasco tuvo que organizar por sí mismo la defensa, el abastecimiento, la Administración, la justicia y las relaciones exteriores.
Formó el Ejército de Euzkadi, colocado bajo la autoridad personal de Aguirre, y una marina de guerra auxiliar. Creó una policía propia, la Ertzaña, estableció tribunales, administró cárceles, organizó transportes, reguló bancos, abrió una Facultad de Medicina y desarrolló servicios de asistencia social.
Instaló delegaciones en París, Londres y otras ciudades. Adoptó asimismo los principales símbolos elaborados por el nacionalismo vasco: el nombre de Euzkadi, la ikurriña, un escudo que reunía las armas de los territorios históricos y el himno nacionalista. Ninguno de estos símbolos estaba previsto por el Estatuto, pero todos terminaron convirtiéndose en emblemas oficiales del nuevo poder.
Para José Luis de la Granja, puede hablarse de un Estado vasco existente de facto. La autonomía mínima reconocida por el derecho republicano se convirtió, bajo la presión de la guerra y del aislamiento, en una autonomía máxima.
Moneda y sellos: los instrumentos materiales del Estado vasco
Nada hace más tangible esa soberanía de hecho que la moneda y el sello, dos objetos capaces de hacer circular un nombre, una imagen y una autoridad de mano en mano.
Ya en 1936, la escasez de moneda metálica llevó a las autoridades locales y posteriormente al Gobierno a permitir la circulación de talones-billete emitidos por bancos de Bilbao, conocidos popularmente como eliodoros, por el nombre del consejero de Hacienda Eliodoro de la Torre.
El Gobierno fue más lejos y encargó monedas que llevaban su propio nombre. El decreto firmado en Bilbao el 23 de febrero de 1937, publicado en el Diario Oficial del País Vasco el 17 de marzo, autorizaba una emisión de diez millones de pesetas en monedas de níquel de una y dos pesetas, de curso forzoso en el territorio de Euzkadi y con poder liberatorio para todos los pagos.
La fabricación fue encargada a la Real Casa de la Moneda de Bélgica, en Bruselas: seis millones de piezas de una peseta y dos millones de piezas de dos pesetas, ocho millones de monedas por un valor facial total de diez millones de pesetas.7
En el anverso aparecía una mujer con gorro frigio, alegoría de la libertad y de la República, rodeada por la inscripción Gobierno de Euzkadi. En el reverso figuraban el valor y el año 1937 dentro de una corona de laurel.
Las monedas no fueron acuñadas físicamente en Bilbao, pero su fabricación fue ordenada, financiada y puesta en circulación por el Gobierno vasco. Circularon efectivamente y se han conservado ejemplares procedentes incluso de Álava.8
Decir que el Gobierno vasco acuñó moneda es, por tanto, históricamente correcto, siempre que se precise que la fabricación material tuvo lugar en Bélgica. La emisión probablemente excedía las competencias estatutarias, puesto que el Estatuto reservaba al Estado varias funciones monetarias, y los estudios numismáticos señalan que se llevó a cabo sin autorización formal del Gobierno central.
La urgencia y el aislamiento se impusieron a la distribución jurídica de competencias.
La misma prudencia debe aplicarse a los sellos, aunque con una conclusión más matizada. El Gobierno hizo preparar varios proyectos de valores postales, entre ellos una hoja de dieciocho sellos conmemorativos impresa por Oliva de Vilanova, en Barcelona, que representaba personalidades, paisajes y símbolos vascos.
La serie quedó como prueba y nunca fue oficialmente puesta en circulación, porque no incluía las menciones Correos y República Española, entonces necesarias para un sello postal oficial. Su emisión habría requerido la autorización del Gobierno republicano o una ruptura abierta con su soberanía postal, ruptura que no se produjo.
El Gobierno emitió, en cambio, dos viñetas benéficas de cinco céntimos, cuya colocación en cartas y tarjetas postales era obligatoria. Fueron anunciadas en el boletín oficial del 11 de diciembre de 1936 y estaban destinadas a financiar la asistencia social y la Casa del Huérfano del Miliciano.9
Es correcto afirmar, por tanto, que el Gobierno de Euzkadi imprimió sellos, siempre que se distingan tres categorías: los proyectos de sellos postales nunca emitidos oficialmente, las viñetas benéficas obligatorias y los enteros postales administrados por sus servicios.
La precisión jurídica no disminuye su alcance político. Como la moneda, el sello servía de soporte de representación. Incluso incompleta, aquella política postal revelaba la voluntad de dotarse de instrumentos simbólicos propios de un Estado.
El «oasis vasco»: orden legal, no leyenda de inocencia
La expresión «oasis vasco» se utilizó para subrayar la singularidad del territorio gobernado por Aguirre. El Gobierno protegió el culto católico, se opuso a la destrucción de iglesias, limitó las colectivizaciones y defendió la pequeña propiedad. Mantuvo un pluralismo relativamente amplio e intentó restablecer procedimientos judiciales regulares.
La creación de la Ertzaña y los esfuerzos destinados a garantizar los derechos de los detenidos diferenciaron efectivamente su política de muchas prácticas de violencia incontrolada de los primeros meses.
Aquí es donde este capítulo debe relacionarse con el de Barcelona, porque ambos se responden por contraste. Allí donde la Cataluña libertaria colectivizó la metalurgia, los transportes y parte de la agricultura, la Vizcaya nacionalista protegió la propiedad y contuvo la revolución.
La exclusión de la CNT del Ejecutivo no fue una simple peripecia ministerial.
Fue una condición del oasis.
El PNV ofrecía a la República una zona en la que el antiguo orden social se conservaba en gran medida, y precisamente por ello el territorio vasco fascinó a determinados observadores católicos extranjeros. Dentro del mismo campo antifascista coexistían dos respuestas sociales muy distintas.
Pero el oasis no puede convertirse en una leyenda de inocencia. Antes y después de la formación del Gobierno, militantes de derechas, religiosos y presos fueron asesinados en la zona republicana vasca.
El 4 de enero de 1937, después de un bombardeo franquista sobre Bilbao, una multitud dirigida por milicianos asaltó cuatro centros penitenciarios del distrito de Begoña: la prisión provincial de Larrinaga, la Casa Galera y los conventos requisados de los Ángeles Custodios y El Carmelo. El balance aproximado fue de 225 asesinados: siete en El Carmelo, cincuenta y cuatro en Casa Galera, cincuenta y seis en Larrinaga y ciento ocho en los Ángeles Custodios.10
Lo que distingue aquella matanza, y lo que permite hablar del oasis como proyecto y no como inocencia, es la manera en que terminó. Las ejecuciones cesaron hacia las ocho y media de la tarde cuando tres consejeros del Gobierno acudieron personalmente a los lugares de los asesinatos: Telesforo Monzón, del PNV; Juan Gracia, del PSOE; y Juan Astigarrabia, del PCE. Mientras tanto, el consejero republicano de Sanidad, Alfredo Espinosa, organizaba la atención a los heridos.
Un nacionalista, un socialista y un comunista detuvieron físicamente la matanza.
El Gobierno inició actuaciones judiciales, aunque la caída de Bilbao impidió que el proceso llegara a término.11
El oasis debe entenderse, por tanto, como un proyecto relativo de orden legal, no como ausencia de violencia. Reconocer la especificidad moderada del Gobierno Aguirre no obliga a borrar las víctimas de la represión republicana. A la inversa, la existencia de aquellos crímenes no permite equiparar una violencia a menudo perseguida o desautorizada por las autoridades con la represión sistemática y ordenada del campo franquista.
1936: la guerra entre católicos en el País Vasco
Hay que nombrar también la vertiente que el relato franquista ocultó y que este capítulo debe restituir para ser justo: la represión franquista golpeó asimismo a católicos vascos, incluso dentro del clero.
En octubre de 1936, las autoridades sublevadas fusilaron al menos a catorce sacerdotes nacionalistas vascos, entre ellos el arcipreste de Mondragón. La Santa Sede fue informada, el cardenal Gomá tuvo que dar explicaciones a Roma y Mateo Múgica, obispo de Vitoria, fue obligado a marchar al exilio.12
Es el espejo exacto de la matanza de Bilbao y muestra la otra cara de la guerra. Allí donde milicianos asesinaron a religiosos contra la voluntad de su Gobierno, que intentó perseguir a los culpables, los franquistas fusilaron sacerdotes dentro de la lógica represiva de su propia cruzada.
Un régimen que afirmaba defender el catolicismo ejecutó a sacerdotes católicos porque eran nacionalistas vascos.
En este sentido preciso, varios historiadores han hablado de una «guerra entre católicos» en el País Vasco. No fue simplemente una guerra de la fe contra el ateísmo, como pretendía la propaganda, sino una guerra en la que el catolicismo estuvo presente a ambos lados de la línea y fue fusilado en ambos.
1937: conquista de Vizcaya, Santoña y exilio vasco
El territorio autónomo sobrevivió solo unos meses. El 31 de marzo de 1937, el ejército franquista lanzó su ofensiva contra Vizcaya con el apoyo decisivo de las aviaciones alemana e italiana. Durango y después Guernica fueron bombardeadas. Tras la ruptura del sistema defensivo que rodeaba Bilbao, la ciudad cayó el 19 de junio de 1937 y los últimos territorios vizcaínos fueron ocupados a finales de mes.
El Gobierno perdió entonces la base territorial de su autonomía. A finales de agosto de 1937, varios batallones nacionalistas se rindieron separadamente a las fuerzas italianas en el llamado Pacto de Santoña, a cambio de unas garantías que Franco no respetó. Los prisioneros fueron juzgados y varios de ellos ejecutados, episodio que la historiografía nacionalista denomina la «traición de Santoña».13
Aguirre, por su parte, continuó la guerra junto a la República desde Cataluña.
El Estado territorial había desaparecido, pero el Gobierno se negó a disolverse. Continuó su actividad en el exilio, primero bajo Aguirre y posteriormente bajo Jesús María de Leizaola. Esa continuidad institucional permitió al nacionalismo presentar al Gobierno no como una simple organización partidista, sino como depositario de una legalidad democrática interrumpida por la conquista.
El Gobierno vasco en el exilio sobrevivió hasta el regreso de Leizaola en 1979, después de la aprobación del Estatuto de Guernica.
Franquismo, nacionalismo e historiografía: tres relatos sobre Euzkadi
Una misma historia fue contada de tres maneras. Distinguir esos relatos es condición necesaria para poder escribir un cuarto.
El relato franquista negó toda legitimidad al Gobierno Aguirre. La autonomía de 1936 aparecía como una concesión ilegal de una República en descomposición y el PNV como traidor a España y a la religión por haberse aliado con socialistas y comunistas. La propaganda acuñó la expresión «rojo-separatistas», que reunía en un mismo término al enemigo social y al enemigo nacional.
La matanza de las prisiones de Bilbao fue utilizada reiteradamente para demostrar la supuesta barbarie del Gobierno autónomo, mientras la represión franquista, los sacerdotes fusilados y los bombardeos contra civiles eran silenciados o justificados.
La fórmula se refuta, en cierto modo, a sí misma: acusaba al mismo partido de ser simultáneamente agente del comunismo ateo y representante de un clericalismo separatista, de conspirar al mismo tiempo con Moscú y con el Vaticano.
Un partido católico llamado «rojo» por un régimen que fusilaba a sus sacerdotes: la contradicción casi no necesita comentario.
El relato nacionalista desarrollado en el exilio presentó después Euzkadi como un pueblo católico, democrático y pacífico que había resistido al fascismo; a Aguirre, como síntesis de la fe, la libertad nacional y la legalidad republicana; y a Guernica, como símbolo del pueblo mártir.
Este relato permitió al PNV integrarse en las redes internacionales de la democracia cristiana y diferenciar claramente el catolicismo vasco del nacionalcatolicismo franquista. Pero también tuvo omisiones: minimizó la profunda división política del País Vasco, el papel de socialistas, comunistas, republicanos y anarquistas en la defensa de la República y las violencias ocurridas en la retaguardia republicana. Tendió asimismo a identificar el Gobierno exclusivamente con el PNV, pese a que era una coalición.
El relato universitario, finalmente, desarrollado gracias a la apertura progresiva de los archivos después de la dictadura, superó esta confrontación. Los trabajos de Juan Pablo Fusi, José Luis de la Granja, Santiago de Pablo, Ludger Mees, José Antonio Rodríguez Ranz, Manuel González Portilla, José María Garmendia y Javier Ugarte situaron la autonomía dentro de la pluralidad política y social del País Vasco.14
Estos estudios establecieron que la autonomía no fue una invención de la guerra ni una creación exclusiva del PNV, sino la culminación de un proceso comenzado en 1931 y del compromiso Aguirre-Prieto; que el País Vasco no constituía un bloque político, puesto que la sublevación triunfó en Navarra y Álava mientras Vizcaya y parte de Guipúzcoa permanecían republicanas; y que debe distinguirse entre la legalidad de la autonomía y la realidad del Estado.
En ese sentido, de la Granja sitúa el nacimiento institucional de Euskadi en octubre de 1936. No se refiere, evidentemente, al nacimiento del pueblo vasco, mucho más antiguo, sino al de una entidad jurídico-política común a las tres provincias y dotada por primera vez de un Gobierno propio.
Las investigaciones más recientes se han alejado además de una historia exclusivamente institucional y masculina para estudiar refugiados, niños evacuados, mujeres, combatientes ordinarios, cárceles y violencias de ambos campos. Han revisado la noción de «oasis», que sigue siendo útil para describir ciertas singularidades, mantenimiento del culto, menor extensión de la revolución social, pluralismo más amplio y voluntad de someter la represión a procedimientos judiciales, pero se vuelve engañosa cuando sirve para inocentar globalmente el territorio republicano o borrar a las víctimas incompatibles con el relato dominante.
La historiografía contemporánea no sustituye, por tanto, una leyenda por otra. Jerarquiza los hechos, distingue las políticas de Estado de las violencias incontroladas y devuelve sus contradicciones a un Gobierno democrático comprometido en una guerra total.
¿Puede hablarse de una «República vasca» en 1936?
La respuesta depende del significado que demos al término.
En derecho, no. El texto de 1936 creó una región autónoma integrada en el Estado español. Aguirre nunca proclamó la independencia, no denunció el Estatuto ni rompió oficialmente con la República.
En los hechos, parcialmente. El Gobierno vasco ejerció funciones casi soberanas: ejército, policía, justicia, relaciones exteriores, fiscalidad, intervención bancaria, billetes, moneda metálica, comunicaciones y representación simbólica. Inscribió su nombre en monedas, billetes, documentos oficiales y proyectos de sellos. Poseía varios signos concretos de un Estado.
En la memoria política, indudablemente. La experiencia de 1936-1937 se convirtió para el nacionalismo democrático en la primera encarnación institucional de la nación vasca, y la derrota transformó aquella breve autonomía en una legitimidad duradera.
La expresión «República vasca» debe conservarse, por tanto, como fórmula interpretativa y no como calificación jurídica. Designa menos un Estado independiente que una soberanía inacabada: una autonomía nacida de la República española y empujada por la guerra hasta las fronteras del Estado.
Conclusión: una soberanía vasca nacida dentro de la República
La singularidad de Euzkadi en 1936 no reside únicamente en la tardía obtención de un Estatuto. Se encuentra también en el encuentro de dos tradiciones que todo parecía separar: el socialismo republicano de Prieto y el nacionalismo católico de Aguirre.
La República dio al País Vasco su primera existencia política común jurídicamente reconocida. La guerra transformó aquella autonomía en un Gobierno que disponía de Ejército, policía, justicia, Hacienda, relaciones exteriores, billetes, monedas y valores postales.
En las monedas acuñadas en Bruselas figuraba la inscripción Gobierno de Euzkadi. En los proyectos de sellos aparecían los paisajes, las figuras y los emblemas de un país que intentaba representarse a sí mismo. La moneda pasaba de mano en mano; el sello debía viajar de ciudad en ciudad. Ambos daban existencia material al poder.
Aquel Gobierno no constituyó una república soberana.
Pero fue algo más que una administración regional.
Durante nueve meses, sobre un territorio asediado y amputado, dio cuerpo a un Estado vasco de hecho que permaneció fiel a la República española que había hecho jurídicamente posible su existencia.
Estado de la documentación
Hechos establecidos. La aprobación del Estatuto el 1 de octubre de 1936, su promulgación el día 6 y su publicación el día 7. La composición del primer Gobierno y la exclusión de la CNT. El decreto monetario del 23 de febrero de 1937, la acuñación en la Real Casa de la Moneda de Bélgica, los ocho millones de monedas y la iconografía del gorro frigio. Las viñetas benéficas obligatorias anunciadas el 11 de diciembre de 1936 y el carácter no emitido de los proyectos de sellos postales. La matanza de las cárceles de Bilbao del 4 de enero de 1937, sus cuatro centros penitenciarios, su balance aproximado de 225 víctimas y la intervención de los consejeros Monzón, Gracia y Astigarrabia. La caída de Bilbao el 19 de junio de 1937. La continuidad del Gobierno en el exilio hasta el regreso de Leizaola en 1979.
Datos que deben consolidarse. El texto exacto del juramento prestado por Aguirre en Guernica el 7 de octubre de 1936, que circula en varias versiones y debe verificarse en sus formas vasca y española antes de cualquier cita literal. El número exacto de sacerdotes nacionalistas vascos fusilados por los franquistas en 1936, generalmente situado en al menos catorce y a veces en dieciséis, que deberá establecerse a partir de Hilari Raguer. El detalle de las ejecuciones posteriores al Pacto de Santoña. La circulación efectiva de la moneda vasca se considera establecida; la fecha exacta de su puesta en circulación, antes o después de la caída de Bilbao, debe todavía precisarse mediante una fuente numismática.
Descartado en el estado actual de la investigación. La calificación jurídica de «República vasca», puesto que el Estatuto de 1936 creó una región autónoma dentro del Estado español. Cualquier presentación de un País Vasco unánime, en un sentido o en otro, porque la guerra fue también una guerra entre vascos y entre católicos. Cualquier equiparación entre las violencias incontroladas de la retaguardia republicana, perseguidas o desautorizadas por el Gobierno, y la represión sistemática y organizada del campo franquista.
Llamamiento a documentación y testimonios
Este trabajo avanza mediante la verificación y no mediante la acumulación. Toda información comprobable, referencia de archivo, signatura, acta, documento de estado civil o pieza numismática será bienvenida.
Para este capítulo buscamos especialmente el texto autenticado del juramento de Guernica, documentos relativos a la puesta en circulación de la moneda de Euzkadi y cualquier documentación sobre las ejecuciones posteriores al Pacto de Santoña.
Los lectores que dispongan de estos elementos pueden enviarlos a través de la sección «Investigación histórica»: Formulario de contacto. Serán examinados y, cuando proceda, incorporados con indicación de su procedencia.
Notas y fuentes
- Sobre el Estatuto de Estella de 14 de junio de 1931 y sus disposiciones confesionales, véase José Luis de la Granja Sainz, El Estatuto vasco de 1936. Sus antecedentes en la República. Su aplicación en la Guerra Civil, IVAP, 1988. ↩
- La fórmula que contrapone compromiso estatutario y conspiración es de Ludger Mees. Véase Santiago de Pablo, Ludger Mees y José Antonio Rodríguez Ranz, El péndulo patriótico. Historia del Partido Nacionalista Vasco, Crítica, 1999-2001. ↩
- Sobre el compromiso Prieto-Aguirre de la primavera de 1936, véase Juan Pablo Fusi, El País Vasco, 1931-1937. Autonomía, revolución, guerra civil, Biblioteca Nueva, 2002. ↩
- La noción de «clave autonómica» es de José Luis de la Granja Sainz, El oasis vasco. El nacimiento de Euskadi en la República y la Guerra Civil, Tecnos, 2007. ↩
- Estatuto aprobado el 1 de octubre de 1936, promulgado el día 6 y publicado en la Gaceta de Madrid el 7 de octubre de 1936. El texto contiene catorce artículos y una disposición transitoria. ↩
- El juramento prestado por Aguirre bajo el árbol de Guernica el 7 de octubre de 1936 es célebre, pero circula en distintas versiones. Su texto exacto, en vasco y español, debe verificarse antes de cualquier cita literal. Véase la sección dedicada al estado de la documentación. ↩
- Decreto de 23 de febrero de 1937, Diario Oficial del País Vasco de 17 de marzo de 1937. Emisión de diez millones de pesetas en monedas de níquel de una y dos pesetas acuñadas en la Real Casa de la Moneda de Bélgica: seis millones de piezas de una peseta y dos millones de piezas de dos pesetas. ↩
- Está acreditada la circulación efectiva de estas monedas, incluso en Álava, y se han conservado ejemplares en colecciones privadas contemporáneas. La fecha exacta de su puesta en circulación, antes o después de la caída de Bilbao del 19 de junio de 1937, debe todavía establecerse mediante una fuente numismática especializada. ↩
- Sobre la hoja de dieciocho sellos conmemorativos impresa por Oliva de Vilanova, que permaneció como prueba, y las dos viñetas benéficas obligatorias anunciadas en el boletín oficial del 11 de diciembre de 1936, véanse los estudios filatélicos dedicados a las emisiones de Euzkadi. Referencias pendientes de completar. ↩
- Sobre la matanza de las prisiones de Bilbao del 4 de enero de 1937, los cuatro centros penitenciarios y el balance aproximado de 225 víctimas distribuido por lugares, véanse los trabajos de investigación dedicados al episodio, especialmente los publicados en la revista Bidebarrieta. El desencadenante inmediato fue un bombardeo franquista de la ciudad, seguido por el linchamiento de un aviador alemán que había saltado en paracaídas. ↩
- La interrupción de las ejecuciones hacia las ocho y media de la tarde después de la llegada de los consejeros Telesforo Monzón, PNV; Juan Gracia, PSOE; y Juan Astigarrabia, PCE, así como la intervención del consejero de Sanidad Alfredo Espinosa, están establecidas por las mismas fuentes. El Gobierno abrió procedimientos judiciales que no pudieron concluirse antes de la caída de la ciudad. ↩
- Sobre la ejecución de sacerdotes nacionalistas vascos por los franquistas en octubre de 1936, la información transmitida a la Santa Sede, la posición del cardenal Gomá y el exilio del obispo Mateo Múgica, véase Hilari Raguer, La pólvora y el incienso. La Iglesia y la Guerra Civil española, Península, 2001. El número, generalmente situado en al menos catorce, debe precisarse. ↩
- Sobre el Pacto de Santoña de finales de agosto de 1937 y el destino posterior de los prisioneros, véanse los estudios dedicados al final de la campaña del Norte. El detalle exacto de las ejecuciones debe todavía establecerse. ↩
- Además de las obras ya citadas, véanse Manuel González Portilla y José María Garmendia, La Guerra Civil en el País Vasco. Política y economía, Siglo XXI-UPV/EHU, 1988; Javier Ugarte Tellería, La nueva Covadonga insurgente, Biblioteca Nueva, 1998; José Luis de la Granja Sainz, Nacionalismo y II República en el País Vasco, CIS-Siglo XXI, 1986; y Xosé M. Núñez Seixas, ¡Fuera el invasor! Nacionalismos y movilización bélica durante la Guerra Civil española, Marcial Pons, 2006. ↩