Segunda parte: La legalidad que el vencedor quiso enterrar

Aquí hablamos desde la República

La primera parte de este ensayo examinaba las palabras con las que el poder clasifica la violencia: rebelde, bandolero, terrorista, resistente, víctima. Pero las palabras jurídicas tienen patria. Hablan desde una legalidad, desde una historia y desde una victoria.

En España, la palabra «terrorista» aplicada retrospectivamente a la resistencia antifranquista no nació en un espacio neutro. Se incorporó al vocabulario de un Estado surgido de una sublevación militar contra la legalidad constitucional de la República y acabó sobreviviendo, con otras leyes y bajo otras instituciones, a la muerte del dictador.

Por eso declaramos desde el principio el lugar desde el que hablamos.

Hablamos desde la legalidad de la República española.

No necesitamos excusarnos por ello. El 18 de julio de 1936 existía en España un Gobierno surgido de unas elecciones, unas Cortes, una Constitución y un orden jurídico. Una parte del Ejército se alzó contra ese poder. Ese es el hecho inicial. Todo lo demás viene después.

Primero fueron los sublevados

La legislación republicana había definido con precisión la rebelión militar. En mayo de 1931, la reforma del Código de Justicia Militar consideraba reos de rebelión a quienes se alzasen en armas contra la Constitución, el presidente de la República, las Cortes o el Gobierno legítimo.

En julio de 1936, los militares sublevados hicieron exactamente aquello que el orden jurídico vigente calificaba como rebelión. Franco y los demás generales insurgentes emprendieron una guerra contra la República. La República respondió como responde un Estado atacado: defendiendo su Constitución, movilizando sus fuerzas y declarando fuera de la legalidad a los militares que habían roto la disciplina y empleado las armas contra el poder civil.

El 19 de julio de 1936, el Gobierno republicano anuló las declaraciones de estado de guerra de los insurrectos, disolvió las unidades participantes en la sublevación y cesó a los generales rebeldes, entre ellos Francisco Franco.

La cuestión jurídica inicial era perfectamente clara.

La República era el Estado. Los sublevados eran los rebeldes.

La guerra modificó la relación de fuerzas. No modificó el 18 de julio.

1939 fue una victoria militar

El 1 de abril de 1939 Franco anunció el final de la guerra. Había vencido. Poseía el territorio, el Ejército, la policía, las cárceles, la Administración y los tribunales.

Esa victoria produjo una nueva realidad política. Permitió al vencedor gobernar España durante casi cuarenta años y convertir en derecho positivo las normas emanadas de su propio poder.

Produjo poder.

No produjo inocencia retroactiva.

El 1 de abril de 1939 no transformó al Gobierno constitucional de julio de 1936 en una banda rebelde ni convirtió mágicamente a quienes se habían alzado contra él en defensores de la legalidad.

El vencedor consiguió algo más práctico.

Se apoderó de la capacidad de escribir la historia jurídica de su propia victoria.

El rebelde victorioso pasó a llamarse autoridad. Quien había permanecido fiel a la República pudo ser juzgado por rebelión. El guerrillero que continuó combatiendo al nuevo poder fue convertido en bandolero. El resistente acabó convertido en terrorista.

El poder había cambiado de manos.

También el diccionario.

La República continuó

La República española no desapareció el 1 de abril de 1939. Perdió el territorio. Sus instituciones continuaron en el exilio.

Hubo presidentes de la República, presidentes del Consejo de Ministros, ministros, Cortes reunidas en el exterior, representación política y una acción diplomática destinada a mantener la legitimidad republicana y combatir la dictadura.

En 1973, cuando Carrero Blanco era presidente del Gobierno franquista, José Maldonado seguía siendo presidente de la República española en el exilio y Fernando Valera presidía su Gobierno.

No hablamos de 1945.

Hablamos de 1973.

El 11 de abril de aquel año, apenas ocho meses antes de la muerte de Carrero, el presidente de México, Luis Echeverría, recibió en París a Maldonado y Valera y reafirmó expresamente la posición republicana de México y su reconocimiento del Gobierno republicano español en el exilio.

La República seguía hablando. Seguía teniendo representación. Seguía considerando ilegítimo el poder nacido de la sublevación.

Sus instituciones solo pusieron término a su misión el 21 de junio de 1977, después de las primeras elecciones generales.

Maldonado y Valera explicaron entonces cuál había sido su propósito durante todos aquellos años: mantener una acción ininterrumpida hasta que el pueblo español pudiera recuperar el ejercicio de sus derechos y producir una nueva legitimidad democrática.

Entre 1939 y 1977 hubo, por tanto, continuidad republicana. La derrota militar había expulsado al Estado republicano de su territorio. No había borrado su legitimidad para quienes seguían reconociéndola.

La guerra cambió de terreno

Después de 1939 desaparecieron los grandes frentes militares. La guerra contra la dictadura adoptó otras formas: guerrilla, resistencia interior, clandestinidad, propaganda, diplomacia, gobiernos en el exilio, redes de información, organizaciones políticas clandestinas, sabotaje y acción armada.

Cada una de esas formas posee su historia y debe juzgarse por sus actos. Pero todas pertenecen a un hecho fundamental: la victoria franquista no produjo una reconciliación entre dos legalidades; impuso una de ellas mediante las armas y expulsó a la otra al exilio.

Desde el punto de vista republicano, la contienda de legitimidades permaneció abierta. La República había perdido la guerra militar. Franco continuaba ejerciendo el poder nacido de aquella guerra.

Euskadi: nacionalista y republicano no son términos opuestos

Este punto resulta especialmente importante cuando llegamos a ETA y a la Operación Ogro. Existe una tendencia retrospectiva a presentar el nacionalismo vasco y el republicanismo español como universos necesariamente incompatibles.

La historia dice otra cosa.

El primer Gobierno vasco nació jurídicamente dentro de la República. El Estatuto de Autonomía fue aprobado por las Cortes republicanas el 1 de octubre de 1936 y promulgado pocos días después. José Antonio Aguirre fue elegido lehendakari el 7 de octubre de 1936.

Aquel Gobierno no cayó cuando las tropas franquistas ocuparon Euskadi. Partió al exilio. Aguirre continuó siendo lehendakari hasta su muerte en 1960. Jesús María de Leizaola le sucedió y mantuvo el Gobierno vasco en el exilio hasta 1979.

Durante más de cuatro décadas existió, por tanto, una continuidad institucional vasca cuya propia legitimidad procedía del Estatuto aprobado por la República. Eso convierte la relación entre republicanismo y nacionalismo vasco en algo mucho más profundo que una alianza circunstancial de guerra.

La propia historia de Manuel de Irujo lo demuestra. Irujo fue nacionalista vasco. Fue dirigente del PNV. Fue diputado. Y fue ministro de la República española durante la guerra y nuevamente ministro del Gobierno republicano en el exilio.

Entre 1960 y 1975 siguió considerando perfectamente compatibles ambas identidades. En su correspondencia podía escribir, sin advertir en ello contradicción alguna:

«siendo notoria mi condición democrática y republicana, no lo es menos mi condición de afiliado al PNV».

Durante esos mismos años mantuvo conversaciones con Leizaola acerca de una posible participación nacionalista vasca en gobiernos de la República en el exilio.

La frase merece ser recordada.

Republicano y nacionalista vasco. Las dos cosas. Al mismo tiempo.

La República siguió siendo una presencia vasca

Esto modifica profundamente la lectura de la violencia política vasca bajo Franco. En Euskadi, la República no pertenecía exclusivamente al recuerdo de 1936. Pertenecía a una experiencia política todavía viva.

Aguirre había combatido junto a ella. Irujo había sido su ministro. El Gobierno vasco había nacido de su legalidad. Leizaola continuaba en el exilio.

Los hombres que habían conocido la guerra, la ocupación franquista, la clandestinidad y el exilio seguían vivos y políticamente activos cuando una nueva generación comenzó a organizarse contra la dictadura. Entre ambas generaciones hubo contactos, discusiones, desacuerdos, continuidades y rupturas.

La historia de ETA debe insertarse también en ese paisaje. Reducirla retrospectivamente a una organización surgida en un vacío exclusivamente nacionalista significa amputar el mundo político en el que nació.

El antifranquismo vasco estaba atravesado por republicanos, nacionalistas, socialistas, comunistas, anarquistas, católicos democráticos y nuevas izquierdas revolucionarias.

Las fronteras ideológicas existían.

También existían los puentes.

Wilson

Iñaki Pérez Beotegi, Wilson, perteneció a la generación que llevó esa lucha hasta la Operación Ogro.

Fue nacionalista vasco. Fue militante antifranquista. Y fue también republicano.

No lo afirmo a partir de una etiqueta colocada medio siglo después. Lo afirmo desde mi propio testimonio.

Lo conocí. Lo frecuenté. Hablamos muchas veces de Franco, de la República, de la resistencia y de la legitimidad de combatir una dictadura.

Una de sus frases se me quedó grabada:

«A falta de poder juzgar a los tiranos, se los abate.»

La frase resume una doctrina política.

Primero el juicio.

Cuando el tirano controla el tribunal, permanece la resistencia.

Wilson no hablaba desde una teoría abstracta del terrorismo. Hablaba desde una historia. La historia de un régimen nacido de un golpe militar, de una República derrotada, de una dictadura que seguía gobernando y de una generación para la cual Franco no pertenecía todavía a los libros.

Seguía en El Pardo.

Carrero Blanco tampoco pertenecía a los libros

En 1973 Franco seguía siendo jefe del Estado. El Ejército surgido de la victoria franquista seguía constituyendo uno de los fundamentos esenciales del régimen.

Y Luis Carrero Blanco era almirante.

Había pasado a la reserva el 1 de marzo de 1973, pero seguía siendo almirante y llevaba décadas en el núcleo mismo del poder franquista. El 8 de junio, Franco lo nombró presidente del Gobierno.

Carrero reunía así en una misma persona dos dimensiones del régimen:

la militar y la gubernamental.

Era uno de los hombres de máxima confianza de Franco y estaba llamado a garantizar la continuidad del sistema político. El propio franquismo presentó su muerte en esos términos. Después del atentado, el régimen lo honró como almirante, presidente del Gobierno y servidor esencial del Estado franquista.

Carrero Blanco no fue elegido como objetivo porque se encontrara casualmente en Madrid.

Fue elegido porque era Carrero Blanco.

El objetivo forma parte de la definición del acto

La Operación Ogro fue una operación dirigida contra una persona determinada por su función en la dictadura. Los autores estudiaron sus desplazamientos, conocían sus horarios, prepararon durante meses la acción, excavaron un túnel bajo la calle Claudio Coello y colocaron los explosivos en el punto previsto para el paso del vehículo presidencial.

El objetivo político era eliminar a Carrero. La operación perdía su sentido si Carrero no estaba allí.

Esto la distingue radicalmente de una estrategia cuyo propósito consiste en producir víctimas indiscriminadas para sembrar terror entre una población.

La identidad del objetivo constituye una parte esencial de la naturaleza de la acción. Y ese objetivo era el presidente del Gobierno de Franco y un almirante de la Armada.

La historia debe comenzar ahí.

20 de diciembre de 1973

Visto desde la legalidad franquista, el relato resulta sencillo. Una organización ilegal asesina al presidente legítimo del Gobierno español.

Terrorismo. Víctima del terrorismo.

El vocabulario encaja perfectamente.

Visto desde la República, el acontecimiento presenta otra estructura. Un régimen nacido de una sublevación militar continúa gobernando España treinta y siete años después. Las instituciones republicanas permanecen en el exilio. El jefe del Estado sigue siendo el general que participó en la rebelión de 1936. El presidente de su Gobierno es un almirante integrado durante décadas en el núcleo dirigente de la dictadura. Una organización armada antifranquista decide eliminarlo.

Ese hecho puede discutirse moralmente. Puede discutirse políticamente. Puede estudiarse desde la tradición del tiranicidio. Puede analizarse como magnicidio. Puede examinarse desde las doctrinas de resistencia a la tiranía.

Lo que exige demostración es precisamente la palabra «terrorismo».

Carrero víctima

Aquí aparece el verdadero problema jurídico. Carrero fue víctima de la explosión que lo mató. Eso describe un hecho.

La categoría «víctima del terrorismo» dice mucho más. Califica previamente al autor. Califica la acción. Y, sobre todo, califica al Estado contra el que esa acción se dirige.

Para fabricar jurídicamente una «víctima del terrorismo» hace falta haber producido antes un «terrorista». Y cuando el objetivo atacado pertenece al aparato dirigente de una dictadura, esa calificación contiene necesariamente una interpretación de la legitimidad del poder.

Carrero pasa entonces de ser:

almirante, presidente del Gobierno franquista, alto responsable de una dictadura surgida de una sublevación militar

a ser:

víctima.

Una palabra desplaza a todas las demás.

Ahí se produce el borrado histórico.

Victimizar a Carrero es elegir una legalidad

La categoría nunca es inocente. Cuando la justicia democrática posterior acepta sin historizar a Carrero como «víctima del terrorismo», adopta para ese episodio una parte sustancial del punto de vista jurídico del Estado franquista.

Considera al Estado franquista como el orden. Considera a Carrero como su representante legítimo. Considera a quien lo combate como agresor contra ese orden.

La República desaparece de la ecuación. Su Constitución desaparece. El golpe de 1936 desaparece. La guerra desaparece. El exilio desaparece. La continuidad republicana hasta 1977 desaparece.

Queda un Estado. Un presidente. Un terrorista. Una víctima.

La conclusión estaba contenida en el vocabulario.

La magistratura postfranquista heredó también un relato

El problema de Cassandra Vera lo muestra con una claridad casi didáctica. En 2017, la Audiencia Nacional pudo examinar unas bromas sobre Carrero partiendo de una categoría que ya daba por resuelto el problema histórico.

Carrero era una víctima del terrorismo. Aquello bastaba para activar otra categoría penal: humillación a las víctimas. La sentencia podía discutir los tuits. La historia de 1936 quedaba fuera de la sala.

Pero 1936 estaba dentro de la palabra.

Ese es el punto.

No necesitamos averiguar la ideología íntima de cada magistrado. La cuestión es institucional.

Una democracia puede heredar la gramática política de la dictadura que la precedió y utilizarla mucho después de haber eliminado sus instituciones.

El sustantivo sobrevive al régimen que lo produjo.

El derecho también debe comparecer ante la historia

La historia jurídica de España posterior a Franco suele presentarse como si el derecho democrático hubiese comenzado en una página blanca.

La página estaba escrita.

La democracia heredó un Estado construido durante cuarenta años. Heredó administraciones, archivos, funcionarios, tribunales, conceptos de orden público, categorías del enemigo y una determinada narración de la violencia política.

Desmantelar una dictadura significa también revisar su vocabulario.

De otro modo, el régimen desaparece mientras algunas de sus clasificaciones continúan juzgando el pasado.

Carrero Blanco constituye un caso ejemplar.

La mirada republicana

Mirar el 20 de diciembre de 1973 desde la República transforma la escena.

Franco deja de aparecer como jefe natural de un Estado cuya legitimidad se da por supuesta. Vuelve a aparecer como uno de los generales que se alzaron contra la República y conquistaron el país mediante una guerra.

Carrero deja de aparecer como un presidente abstracto. Recupera su biografía política y militar.

La República deja de ser un recuerdo. Recupera sus instituciones en el exilio, su Gobierno, sus presidentes, sus relaciones internacionales y los hombres que siguieron reivindicando su legitimidad.

Euskadi deja de aparecer como un universo separado. Recuperamos a Aguirre, a Irujo, a Leizaola, a los socialistas y republicanos del Gobierno vasco, a una tradición nacionalista que pudo ser simultáneamente vasca y republicana.

Y recuperamos también a quienes, como Wilson, crecieron políticamente en un país donde aquella guerra seguía teniendo protagonistas vivos.

Entonces cambia la pregunta.

Ya no basta con preguntar:

¿quién mató a Carrero Blanco?

Hay que preguntar:

¿quién era Carrero Blanco, qué poder representaba y desde qué legalidad juzgamos a quienes decidieron eliminarlo?

El diccionario del vencedor

Franco ganó la guerra y gobernó España. Eso es historia.

La República fue derrotada y continuó en el exilio hasta 1977. También es historia.

El Gobierno vasco surgido bajo la legalidad republicana continuó en el exilio hasta 1979. También es historia.

Manuel de Irujo pudo declararse simultáneamente nacionalista vasco, demócrata y republicano décadas después de 1939. También es historia.

Carrero Blanco fue almirante y presidente del Gobierno de Franco cuando una organización armada antifranquista decidió matarlo. También es historia.

Llamar después a uno «terrorista» y al otro «víctima» significa ordenar todos esos hechos desde una determinada legalidad.

Nosotros los ordenamos desde otra.

La de la República.

La que existía antes de que los generales se alzaran. La que las urnas habían legitimado. La que perdió la guerra. La que Franco expulsó del territorio. La que continuó en el exilio. Y la que todavía existía el 20 de diciembre de 1973.

Desde ahí hablamos.

No desde el diccionario del vencedor.