El dueño de los relojes y su diccionario

Rebeldes, bandoleros, terroristas: cuando el poder da al resistente el nombre de su propio crimen

Existe una victoria más duradera que la conquista de un territorio. Es la conquista de las palabras. Un poder puede perder sus ministerios, sus uniformes, su policía política, sus tribunales de excepción e incluso el retrato del dictador colgado detrás de la mesa del funcionario. Puede desaparecer de las instituciones y, sin embargo, continuar gobernando una parte del lenguaje con el que sus sucesores contarán la Historia. El dueño de los relojes ha muerto. Su diccionario sigue dando la hora. España ofrece un ejemplo casi experimental. En julio de 1936, unos militares se sublevan contra el Gobierno constituido de la República. Pocos días después, esos mismos militares empiezan a llamar «rebeldes» a quienes se niegan a seguirlos. Cuarenta años de victoria transformarán progresivamente esta inversión en lenguaje administrativo, judicial e historiográfico. Después cambia la palabra. El rebelde se convierte en bandolero. El bandolero se convierte en terrorista. Y el terrorista siempre es el otro.

Este procedimiento no pertenece únicamente al franquismo. El nazismo lo utilizó contra los resistentes europeos. Vichy contra los maquis. Los fascistas italianos contra los partisanos. Los rexistas belgas contra quienes los combatían. Salazar contra los movimientos africanos de liberación. Stalin contra sus adversarios reales o imaginarios. Los coroneles griegos criminalizaron a Panagoulis cuando intentó acabar con Papadópoulos. El régimen del apartheid convirtió a Nelson Mandela y al ANC en terroristas. Los propios Estados Unidos retomaron esta última calificación. El estribillo es conocido. Menos conocida es su gramática. Porque la palabra no se limita a describir a aquel a quien designa.

Absuelve a quien la pronuncia.

Al principio, el terrorismo también era el del Estado

Conviene comenzar recordando una ironía lexicográfica casi olvidada hoy. En la octava edición del Dictionnaire de l’Académie française, publicada en 1935, la palabra terrorisme poseía una definición de extraordinaria sobriedad:

«Régimen de terror político.»

Eso era todo. La novena edición conserva esta genealogía. El primer sentido de la palabra sigue siendo la política de un Gobierno o de un poder que recurre sistemáticamente a medidas de excepción y a la violencia para reprimir a la oposición. Solo después aparece el sentido hoy dominante: los actos violentos cometidos por un grupo o un individuo con objetivos políticos. La historia de la palabra resulta, por tanto, extraordinariamente instructiva. Lingüísticamente, el terrorismo no nació para designar exclusivamente a quien coloca una bomba contra el Estado. Designó primero el terror como sistema de gobierno. Después ocurrió un desplazamiento. Durante el siglo XX, el sustantivo terrorista terminó adhiriéndose casi exclusivamente a quien atacaba al poder, mientras la violencia ejercida por ese poder se distribuía entre palabras mucho más presentables: orden público, policía, justicia, represión, estado de excepción, defensa nacional, seguridad. El vocabulario había cambiado de propietario. Es precisamente esta apropiación la que hay que examinar.

1936: los rebeldes descubren que el rebelde es el otro

España ofrece probablemente uno de los ejemplos jurídicamente más puros de esta confiscación del lenguaje. El artículo 237 del Código de Justicia Militar definía la rebelión militar como el hecho de alzarse en armas contra la Constitución o el Gobierno legítimo, especialmente cuando el movimiento era dirigido o sostenido por fuerzas militares. Era exactamente el tipo jurídico al que correspondía materialmente la sublevación iniciada en julio de 1936 por una parte del Ejército contra el Gobierno de la República. El problema de los insurgentes era, por tanto, considerable. Ellos eran los rebeldes según el Código que pretendían seguir aplicando. Resolviendo la dificultad con admirable sencillez, cambiaron el sujeto de la frase. El 28 de julio de 1936, solo once días después del comienzo de la sublevación en Marruecos, la Junta de Defensa Nacional publicó su Bando de Guerra. Su artículo 5 sometía los delitos de rebelión y sedición a la jurisdicción militar. El artículo 6 decidía después quién debía ser considerado desde entonces «rebelde» a efectos del Código de Justicia Militar. Este gesto es mucho más que una medida procesal.

Los insurgentes se constituyen a sí mismos en autoridad legítima y definen después como rebelde a quien se opone a la autoridad que acaban de atribuirse. La premisa desaparece dentro de la conclusión. El golpe de Estado ya no tiene que demostrar su legitimidad, puesto que esa legitimidad se ha convertido en punto de partida del razonamiento. A partir de ahí, lo absurdo se vuelve jurídicamente posible.

Quien se había rebelado podía juzgar por rebelión a quien se había negado a rebelarse.

Serrano Suñer acabaría dando a esta construcción un nombre:

«justicia al revés».

La justicia al revés. La expresión no procede de un propagandista republicano. Procede de uno de los principales arquitectos del Estado franquista. La historiografía jurídica ha señalado ampliamente la paradoja: quienes habían permanecido fieles a la República fueron condenados por adhesión o auxilio a la rebelión por aquellos que habían iniciado efectivamente el levantamiento. Y los hombres tienen nombres.

Domingo Batet: rechazar la rebelión, morir por «adhesión a la rebelión»

El general Domingo Batet mandaba la VI División Orgánica en Burgos. Dos años antes, en octubre de 1934, había defendido el orden constitucional de la República durante los acontecimientos de Cataluña. En julio de 1936, cuando los conspiradores le pidieron que se sumara al movimiento militar, se negó. Sus subordinados sublevados lo detuvieron. Después lo juzgaron. La acusación formulada contra él es casi perfecta en su absurdo: adhesión a la rebelión militar. El hombre que precisamente no se había adherido a la rebelión fue fusilado en febrero de 1937 por haberse adherido a ella. Esta frase debería conservarse sola en los manuales:

Batet rechazó la rebelión. Los rebeldes lo condenaron por adhesión a la rebelión.

Toda la maquinaria está ahí.

Antonio Azarola: los sediciosos pasan a ser quienes les resisten

En Ferrol, el contraalmirante Antonio Azarola Gresillón también se negó a sumarse a la sublevación. Fue detenido. Su consejo de guerra sumarísimo, causa 19/36, lo condenó a muerte el 3 de agosto de 1936 mediante una calificación cuya formulación merece conservarse:

«abandono de destino contra sediciosos y rebeldes».

Fue fusilado al día siguiente. La frase produce vértigo. Los militares que acababan de sublevarse eran ya el orden. Quienes les resistían eran los sediciosos y los rebeldes. El lenguaje ya no intentaba describir el hecho. Distribuía los papeles del nuevo mundo.

Romerales, Aranguren, Escobar: obedecer se convierte en traición

En Melilla, el general Manuel Romerales no se sumó a la sublevación. Sus propios subordinados lo depusieron, encarcelaron, sometieron a consejo de guerra y condenaron a muerte por traición y sedición. El estudio de su expediente muestra, además, las graves irregularidades de un procedimiento conducido por aquellos mismos que acababan de arrebatarle el mando. En Barcelona, el general José Aranguren y el coronel Antonio Escobar, ambos de la Guardia Civil, se pusieron del lado del Gobierno constituido y participaron en el fracaso de la sublevación. Aranguren sería después capturado por los franquistas, sometido a consejo de guerra por rebelión militar y fusilado en abril de 1939. En otras palabras, defender al Gobierno frente a una insurrección militar se había convertido, en el lenguaje del vencedor, en rebelarse. No estamos aquí ante una exageración polémica. Es el vocabulario de las sentencias. La victoria no solo permitió fusilar al adversario. Permitió darle jurídicamente el nombre del crimen cometido por su juez.

El bandolero: quitar al combatiente su política

La misma operación reaparece después bajo otro sustantivo.

Bandolero.

Es una palabra extremadamente útil para el poder. Un combatiente posee una causa. Un resistente posee un adversario político. Un partisano pertenece a una guerra. Un bandolero ya no posee nada de eso. Roba, mata, destruye. Sale de la Historia y entra en la crónica policial. Las autoridades franquistas lo comprendieron perfectamente cuando hablaron oficialmente de «bandidaje y terrorismo» para designar determinadas formas de resistencia armada. El Decreto-ley 9/1968, de 16 de agosto, llevaba precisamente ese título: sobre represión del bandidaje y terrorismo. Su preámbulo invocaba la unidad nacional, el orden público y los Principios del Movimiento Nacional antes de entregar estos asuntos a la jurisdicción militar y al procedimiento sumarísimo. El texto estaba firmado por Francisco Franco. La dictadura no decía, por tanto: «unos opositores han tomado las armas contra nosotros». Decía:

unos bandoleros y terroristas amenazan el orden.

La diferencia no es ornamental. Hace desaparecer la pregunta incómoda:

¿por qué han tomado las armas?

Hitler también tenía sus «bandidos»

El nazismo había comprendido exactamente lo mismo. Los documentos alemanes utilizan oficialmente Banditen para designar a los partisanos. En el proceso de Núremberg, la elección de la palabra provocó incluso un incidente revelador. Un abogado empleó bandidos para referirse a los partisanos. El fiscal soviético protestó: se trataba de patriotas que habían combatido al ocupante alemán. El abogado respondió que utilizaba ese término porque era precisamente la palabra de las órdenes oficiales alemanas. El presidente del tribunal preguntó entonces por qué no utilizar simplemente partisanos. Toda nuestra cuestión cabe en esa pregunta. ¿Por qué bandido y no partisano? Porque un partisano combate. Un bandido comete crímenes. Uno pertenece a la política y a la guerra. El otro pertenece a la policía. La transformación léxica preparaba la transformación física: detenciones sumarias, torturas, ejecuciones, represalias colectivas, pueblos incendiados. Los debates de Núremberg documentan precisamente cómo las autoridades alemanas calificaban a los resistentes de «terroristas» y «bandidos» mientras su propia represión podía alcanzar poblaciones enteras. Una vez más:

el terror del Estado se llama represión; la resistencia contra ese terror se llama terrorismo.

Manouchian: la Affiche rouge o la fabricación del terrorista

La Francia ocupada ofrece una demostración casi gráfica de esta fabricación. Manouchian y los FTP-MOI cometieron realmente sabotajes y atentados contra las fuerzas de ocupación. La propaganda alemana y vichysta no necesitó, por tanto, negar los actos. Cambió su relato. La Affiche rouge asoció a aquellos resistentes con criminales extranjeros, judíos, comunistas, asesinos, miembros de una pretendida «armée du crime». El Mémorial de la Shoah describe explícitamente aquella campaña como un intento alemán y vichysta de asimilar a aquellos combatientes a terroristas extranjeros. Hoy Manouchian está en el Panthéon. El hecho material no ha cambiado. Había participado en una organización clandestina armada. Había combatido a un poder instalado. Lo que cambió fue la respuesta a una pregunta:

¿qué poder?

Para el ocupante, quien dispara contra él es terrorista. Para la Francia liberada, quien disparaba contra el ocupante era resistente. El paso de terrorista a héroe nacional no exigió ninguna modificación retrospectiva de sus actos. Bastó con que cambiara la legitimidad del narrador.

En Bélgica: los «contraterroristas» de Degrelle

La Bélgica ocupada ofrece una variación casi grotesca del mismo fenómeno. Los círculos rexistas de Léon Degrelle crearon equipos explícitamente denominados «contraterroristas». En 1944, uno de esos equipos rexistas proyectó el asesinato de François Bovesse, antiguo gobernador de Namur. Finalmente fue asesinado en su domicilio. El Centro de Estudios Guerra y Sociedad de los Archivos del Estado belga describe precisamente la existencia de esos equipos de «contraterroristas» rexistas. La palabra posee una impudicia maravillosa. Para llamarse contraterrorista, primero hay que haber decidido quién será el terrorista. El resistente. Y cuando el «contraterrorista» asesina a su vez a un adversario político, el acto deja de pertenecer al terrorismo. Se convierte en contraterrorismo. La violencia no ha cambiado materialmente de naturaleza.

El prefijo ha cambiado de bando.

Mussolini y la República de Salò: «banditi e ribelli»

En la Italia fascista, la República Social Italiana utiliza la misma gramática contra los partisanos. Una pieza de propaganda de 1944 muestra a cinco partisanos armados destinados a ser aplastados bajo un puño de hierro. Su título:

«Banditi e ribelli, ecco la vostra fine!»

Bandoleros y rebeldes, he aquí vuestro final. La biblioteca patrimonial de la región del Véneto describe explícitamente el cartel como una pieza de propaganda fascista contra el movimiento partisano. Hoy son los partigiani. Entonces, el poder fascista los llamaba bandidos. Mismo hombre. Mismo fusil. Misma montaña. Otro diccionario.

Salazar: los movimientos de liberación se convierten en «oleadas terroristas»

En Portugal, Salazar proporciona personalmente las citas. En su discurso del 28 de mayo de 1966, al referirse a las guerras coloniales, afirmaba que Portugal había sido golpeado por «oleadas terroristas» llegadas para invadir Angola, Guinea y Mozambique. Tres años antes acusaba ya a Estados Unidos de contribuir a una especie de «asociación de terroristas» destinada a actuar en Angola. En 1967, los movimientos nacionalistas africanos vuelven a convertirse, dentro de su discurso, en «terroristas», mientras Portugal desarrolla, según él, una política de civilización, mantenimiento de la paz y defensa nacional. Las colonias, dentro de aquel lenguaje, no estaban colonizadas. Eran portuguesas. Quien pedía su independencia no liberaba, por tanto, nada. Atacaba Portugal. La conclusión léxica aparecía automáticamente: terrorista. Una vez más, la calificación depende enteramente de una premisa que el poder se niega a discutir.

Stalin: a veces ni siquiera hace falta que exista un atentado

El estalinismo introduce otra dimensión. La calificación de terrorista no sirve únicamente para criminalizar una resistencia armada realmente existente. Puede servir para fabricar al propio enemigo. En el proceso de Zinóviev y Kámenev de 1936 aparece oficialmente el supuesto Trotskyite-Zinovievite Terrorist Center. Al año siguiente, otros acusados serán perseguidos por espionaje, sabotaje y preparación de actos terroristas antes de que el fiscal reclame su muerte. Los despachos diplomáticos estadounidenses contemporáneos describen precisamente esta mecánica de los procesos de Moscú. Aquí la palabra cumple una función adicional. No solo retira legitimidad política al adversario. Hace innecesaria la propia existencia de una oposición política razonable. El contradictor deja de ser contradictor. Es terrorista. Saboteador. Espía. Enemigo. El vocabulario del poder ya no describe el mundo. Produce los culpables que el poder necesita.

Panagoulis: el terrorista del tirano se convierte en resistente de la democracia

El 13 de agosto de 1968, Alekos Panagoulis intenta matar al dictador griego Georgios Papadópoulos. La tentativa fracasa. Panagoulis es detenido, torturado, juzgado por un tribunal militar y condenado a muerte. Los archivos diplomáticos estadounidenses contemporáneos hablan de un anti-Junta activist que intentó asesinar a Papadópoulos; los archivos públicos griegos actuales presentan el episodio como el intento de Panagoulis contra el dictador. Después de la caída de los coroneles, Panagoulis se convierte en diputado y permanece en la memoria griega como figura de la resistencia a la dictadura. Una vez más, la cuestión esencial no consiste en negar que quisiera matar a un hombre. Lo quería. La cuestión es:

¿quién era ese hombre y qué poder ejercía?

Eliminar esta segunda pregunta permite transformar inmediatamente un tiranicidio frustrado en una simple tentativa de asesinato. Conservarla obliga a entrar en la filosofía política. Y eso es precisamente lo que la palabra terrorismo permite con frecuencia evitar.

Nelson Mandela: el terrorista puede convertirse en presidente sin cambiar de pasado

Nelson Mandela constituye probablemente el caso más demoledor para cualquier teoría según la cual la palabra terrorista poseería un significado histórico independiente de quien la utiliza. El régimen del apartheid convirtió al ANC en una organización enemiga y terrorista. Pero el asunto no termina en Pretoria. En 1989, el Gobierno de Estados Unidos todavía incluía al ANC entre cincuenta y dos organizaciones presentadas como «more notorious terrorist groups». No es una acusación retrospectiva contra Washington. El propio Congreso estadounidense lo recordaría en 2008, precisando algo todavía más incómodo: aquella clasificación había sido elaborada sobre la base de la definición sudafricana del ANC. El mismo debate parlamentario recuerda que Mandela y los miembros del ANC continuaron sometidos a restricciones de entrada vinculadas al terrorismo hasta la corrección legislativa de 2008. El régimen del apartheid había proporcionado la palabra. Una democracia extranjera la había retomado. Después la Historia siguió avanzando. Mandela salió de prisión. Recibió el Premio Nobel de la Paz. Se convirtió en el primer presidente de Sudáfrica elegido por sufragio universal.

Y Estados Unidos tuvo finalmente que borrar las consecuencias jurídicas de una calificación que había aceptado. Mandela no había cambiado de pasado entre 1989 y 1994. Había cambiado el juicio sobre ese pasado. La Comisión de la Verdad y Reconciliación sudafricana ofrecería después una respuesta mucho más inteligente que la alternativa sumaria entre «terrorista» y «héroe». Reconoció la legitimidad de la lucha de liberación contra el apartheid y, al mismo tiempo, consideró que determinados actos cometidos dentro de esa lucha podían constituir graves violaciones de los derechos humanos. Esta distinción es fundamental.

Una causa justa no convierte automáticamente en justos todos sus medios.

Pero la afirmación recíproca también es cierta:

la existencia de un acto ilegítimo cometido durante una lucha no convierte automáticamente toda esa lucha en una empresa terrorista.

Es precisamente esta distinción la que el vocabulario de las dictaduras intenta abolir.

El derecho de resistencia no lo inventaron los terroristas

Llegados aquí aparece inevitablemente una objeción. Si se niega al poder el monopolio de la calificación, ¿no se corre el riesgo de justificar cualquier violencia en nombre de la resistencia? No. Porque el derecho de resistencia no equivale al derecho de hacer cualquier cosa. Pero existe. Es incluso mucho más antiguo que la mayoría de los Estados que hoy pretenden ignorarlo. Juan de Salisbury, en el siglo XII, había planteado ya la distinción entre príncipe y tirano y contemplado, en determinadas circunstancias extremas, la eliminación del tirano. Juan de Mariana desarrollaría a su vez, en De rege et regis institutione, una teoría del tiranicidio vinculada a los límites del poder y al derecho de la comunidad frente a quien gobierna como tirano. Son doctrinas discutibles. Han sido discutidas durante siglos. Pero pertenecen plenamente a la historia occidental del pensamiento político. Y, sobre todo, después de las experiencias del fascismo, del nazismo y de la guerra mundial, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 incluye en su preámbulo una frase de la que curiosamente suele olvidarse una parte:

los derechos deben ser protegidos por un régimen de derecho para que el hombre no se vea obligado, «en supremo recurso, a la rebelión contra la tiranía y la opresión». La Declaración no proclama, evidentemente, un permiso universal para matar. Dice algo mucho más profundo.

La mejor manera de impedir la rebelión contra el poder es que el poder deje de ser tiránico.

Reconoce así la relación causal que las dictaduras intentan precisamente borrar: tiranía, destrucción del derecho, cierre de las vías pacíficas, rebelión. El resistente no aparece espontáneamente en el vacío. Aparece dentro de un orden político determinado.

¿Qué se propone a quien vive bajo el tirano?

Aquí la cuestión del tiranicidio deja de ser cómoda. Puede rechazarse perfectamente. Pero entonces hay que explicar qué se propone en su lugar cuando el tirano es precisamente quien posee las instituciones que normalmente permitirían apartarlo. ¿Cómo llevar a Franco ante un tribunal independiente cuando Franco posee los tribunales? ¿Cómo derribar a Carrero Blanco mediante una moción de censura cuando no existe un Parlamento democrático capaz de censurar a su Gobierno? ¿Cómo derrotar al Movimiento en elecciones libres cuando los partidos libres no existen? ¿Cómo pedir a la policía que detenga a quienes torturan cuando los torturadores trabajan para esa policía? ¿Cómo invocar el Estado de derecho frente a aquel cuyo Estado consiste precisamente en impedir que ese Estado de derecho exista? Decir entonces:

«No había que matar al tirano, había que juzgarlo»

posee toda la nobleza abstracta de un procedimiento cuyas condiciones el propio tirano ha destruido. Es aquí donde hay que invertir la perspectiva. Preguntemos también a quienes vivían bajo el tirano. A los presos. A los torturados. A los exiliados. A las familias de los fusilados. A los militantes condenados por jurisdicciones de excepción. A los trabajadores encarcelados por sus actividades sindicales. A los hombres y mujeres a quienes se explicaba que debían esperar pacientemente a que la dictadura decidiera quizá transformarse un día en democracia. La violencia del tirano posee una característica particular:

a fuerza de ser cotidiana, deja de ser un acontecimiento.

Una detención se vuelve procedimiento. Una censura se vuelve reglamento. Un interrogatorio se vuelve acta. Una tortura desaparece dentro de una comisaría. Una condena política se vuelve sentencia. Un pelotón de fusilamiento se vuelve aplicación de la sentencia. Un exiliado se vuelve ausente. Después alguien coloca una bomba debajo del automóvil del hombre situado en la cúspide de aquel aparato. Y de repente:

aparece la violencia.

Como si nunca hubiera existido antes.

Gaston Defferre sabía lo que significa ser el terrorista de alguien

Gaston Defferre aporta a esta reflexión un testimonio especialmente interesante porque había conocido personalmente la clandestinidad. Resistente, miembro de la red Brutus, perseguido durante la Ocupación, sabía perfectamente lo que significaba combatir a un poder que lo calificaba de criminal. En julio de 1981, convertido en ministro francés del Interior, rechazó la extradición de militantes vascos reclamados por España. Invocó su experiencia clandestina y habló de un «combate político». La comparación entre militantes de ETA y resistentes franceses contra la ocupación alemana fue entendida así por la prensa contemporánea y provocó una fuerte reacción en Madrid. El Institut François-Mitterrand y El País han conservado la huella de aquel episodio. El razonamiento puede resumirse brutalmente:

¿terroristas? Entonces también lo éramos nosotros cuando combatíamos a los alemanes.

El acto violento no basta, por tanto, para producir por sí solo la categoría. Hay que saber contra quién se dirige. Dentro de qué régimen. En qué situación. Con qué posibilidades alternativas de acción política. La comparación no santifica todas las acciones de ETA. Impide simplemente fingir que el sustantivo terrorista vuelve innecesario cualquier análisis histórico.

Carrero Blanco: la palabra antes del juicio

Llegamos entonces al caso más revelador para la España contemporánea. El 20 de diciembre de 1973, la Operación Ogro mata a Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno de Franco. Se trata de una acción armada deliberada contra el hombre situado en la cúspide del aparato gubernamental franquista, aquel que Franco había elegido para garantizar la continuidad política del régimen. Puede llamarse atentado. Puede llamarse magnicidio. Puede discutirse el término tiranicidio. La palabra terrorismo constituye también una calificación. Pero, a diferencia de lo que puede sugerir el uso contemporáneo, esta calificación no procede de una sentencia democrática dictada contra los autores de la Operación Ogro. Ese proceso nunca tuvo lugar. La instrucción terminó en 1977 y la Ley de Amnistía extinguió posteriormente las responsabilidades penales relacionadas con el sumario. Los trabajos académicos sobre el sumario Carrero lo confirman: nadie fue juzgado por su asesinato. Más aún. En enero de 1978, al aplicar la amnistía a personas implicadas en los sumarios Carrero Blanco y calle del Correo, la Audiencia Provincial de Madrid consideró, con informe previo favorable del Ministerio Fiscal, que los hechos tenían una:

«motivación política».

Esta fórmula merece colocarse al lado de la de 2017. 1978:

motivación política.

2017:

víctima del terrorismo.

Entre ambas fechas el hecho histórico no cambió. El vocabulario sí.

Franco ya poseía la palabra «terrorismo»

Este detalle impide presentar el sustantivo utilizado cuarenta años después como una categoría históricamente virgen. La dictadura franquista ya tenía su derecho del terrorismo. Tenía sus textos sobre bandidaje y terrorismo. Tenía su jurisdicción militar. Tenía sus procedimientos sumarísimos. Tenía su vocabulario de la subversión. En 1968, Franco firmó personalmente el decreto-ley relativo a la «represión del bandidaje y terrorismo». El poder franquista no podía, evidentemente, designar a ETA como una organización de resistencia antifranquista armada sin reconocer implícitamente algo insoportable para él: que existía un régimen frente al cual podía ser legítimo resistir. Decía, por tanto: terroristas. La cuestión no consiste aquí en decidir que cualquier acción cometida por ETA bajo Franco se convierte, por inversión automática, en legítima. Eso reproduciría exactamente el simplismo que denunciamos. La cuestión es otra:

¿por qué la calificación producida por el Estado combatido debería ser adoptada como categoría historiográfica neutral por quienes escriben después de su desaparición?

Camus: el tiranicidio de la razón

Antes de Wilson, Camus había llevado esta cuestión al teatro con una limpieza casi quirúrgica. En el acto III, escena 6 de Calígula, el propio tirano hace llamar a Cherea porque quiere hablar con «alguien inteligente». Sabe que Cherea pertenece al complot. Sabe también que no tiene delante a un fanático, sino a su adversario intelectual.

Y Cherea no le habla de odio. Le dice precisamente que no lo odia. Lo juzga. La conclusión llega sin exaltación, casi con la frialdad de un silogismo: «Eres molesto para todos. Es natural que desaparezcas»; después, todavía más claramente: «es necesario que desaparezcas» (Albert Camus, Calígula, acto III, escena 6, Gallimard, 1958, pp. 109-110; traducción propia).

No es el asesinato de la pasión. Es el tiranicidio de la razón. Cherea no dice: debes morir porque te odio. Dice, en sustancia: tu poder hace imposible la vida de los demás y, por ello, debes desaparecer.

El tirano no es condenado por quien lo detesta. Es condenado por quien lo juzga incompatible con la vida común.

Wilson: «A falta de poder juzgar a los tiranos, se los abate»

Es aquí donde entra en esta historia un archivo personal. Conocí a Wilson, Iñaki Pérez Beotegui, en Gasteiz. Nos encontrábamos casi diariamente en un viejo bar del Casco Viejo. Un día, hablando de Carrero Blanco y de la lucha contra Franco, me dijo esta frase:

«A falta de poder juzgar a los tiranos, se los abate.»

No cito aquí un libro. No cito una entrevista. Relato una conversación de la que fui testigo. Wilson era profundamente nacionalista vasco y profundamente antifranquista. Su frase no era una teoría de la alegría de matar. Empezaba, por el contrario, con un tribunal.

A falta de poder juzgar.

El tirano debería ser juzgado. Pero ¿cómo se lo juzga cuando posee a los jueces? ¿Cómo se lo destituye cuando posee el Estado? ¿Cómo se lo condena cuando él mismo define qué es legal? La conclusión de Wilson era brutal porque la situación que describía también lo era:

se lo abate.

La historia posterior de Pérez Beotegui resulta significativa a este respecto. Su nombre figura entre aquellos a quienes se aplicó la amnistía en el sumario Carrero; pocos años después participa en la política legal y en 1984 encabeza la candidatura de Auzolan a las elecciones vascas. El paso de la clandestinidad a la política no borra el pasado. Permite, por el contrario, comprender su lógica. Cuando la acción política democrática se vuelve posible, la relación entre violencia y resistencia cambia necesariamente. Es precisamente por eso por lo que no pueden trasladarse sin examen las categorías producidas bajo una dictadura a una democracia, ni las de una democracia a una dictadura.

Considero que la desaparición de Carrero Blanco fue beneficiosa.

Hay que dejar entonces de esconderse detrás de una neutralidad artificial. Decir que Carrero Blanco era una «víctima del terrorismo» contiene ya un juicio. Decir que su desaparición fue políticamente beneficiosa contiene otro. Asumo el segundo.

Considero que la desaparición de Carrero Blanco fue una buena cosa.

Carrero era uno de los hombres esenciales de la continuidad de la dictadura franquista. Su muerte eliminó al hombre que Franco había elegido para presidir el Gobierno y contribuir a asegurar la permanencia del sistema más allá de su propia desaparición. Este juicio no es una confesión, es una posición, y se argumenta. Descansa sobre dos condiciones. La primera es la naturaleza del régimen. En diciembre de 1973, la España de Franco era una dictadura con todas las vías cerradas, sin Parlamento democrático capaz de censurar, sin urnas libres para destituir, sin juez independiente capaz de juzgar a quien poseía a los jueces. El supremo recurso estaba alcanzado. La segunda es la naturaleza del objetivo. Carrero no era un civil cualquiera, sino el hombre que Franco había designado para prolongar el aparato político más allá de sí mismo. La acción fue dirigida contra una figura central del poder. Nos encontramos, por tanto, ante un tiranicidio en el sentido de Mariana, no ante un atentado indiscriminado. Y hago descansar este juicio sobre el derecho de resistencia al tirano, no sobre los efectos de su muerte en la Transición, que continúan siendo inciertos y no tienen por qué sostener la tesis. Un derecho no se mide por su resultado. Este juicio no implica de ningún modo que cualquier violencia política sea deseable.

Tampoco implica que todas las acciones cometidas posteriormente por ETA contra una España ya democrática puedan incluirse dentro del mismo razonamiento. La España de Franco en diciembre de 1973 y la España constitucional posterior no constituyen el mismo orden político.

El derecho de resistir a una dictadura no concede un salvoconducto eterno a quien resistió contra esa dictadura.

Precisamente por eso la Historia debe conservar sus fechas. De lo contrario, la palabra acaba devorando el tiempo.

Cassandra Vera: cuarenta y cuatro años después vuelve la palabra

En 2017, Cassandra Vera compareció ante la Audiencia Nacional por varios chistes publicados en Twitter sobre Carrero Blanco. La Audiencia Nacional la condenó a un año de prisión y siete años de inhabilitación absoluta por humillación a las víctimas del terrorismo. El razonamiento de la sentencia resulta fascinante. El tribunal sabe exactamente quién era Carrero Blanco. Escribe que el atentado había tenido como objetivo «el entonces presidente del Gobierno del régimen franquista». Después aparece la fórmula:

«por más que».

Por más que Carrero fuera presidente del Gobierno del régimen franquista, esa circunstancia no modifica su condición de víctima del terrorismo. Esas pocas palabras realizan toda la operación. La dictadura es reconocida. Después es declarada irrelevante. El tribunal no niega el franquismo. Lo pone entre paréntesis. Carrero deja de ser analizado como uno de los dirigentes de un aparato dictatorial contra el cual una organización clandestina desarrolló una acción armada. Se convierte en:

víctima del terrorismo.

A partir de ese instante queda instalada la estructura moral. La víctima merece respeto y protección. Quien la eliminó pertenece al terrorismo. Quien bromea sobre su muerte puede convertirse penalmente en culpable de humillación. La palabra ya ha dictado sentencia antes de que comience el debate histórico.

El Tribunal Supremo absuelve a Cassandra, pero no rompe completamente el marco

El 1 de marzo de 2018, el Tribunal Supremo anuló la condena de Cassandra Vera. Es esencial. La libertad de expresión terminó imponiéndose sobre la criminalización de sus bromas. Pero el razonamiento conserva una huella interesante de la misma estructura moral. El Tribunal Supremo califica los mensajes de social y moralmente reprobables y los presenta como burla en torno a una grave tragedia humana, aunque considera improcedente la sanción penal. En otras palabras: Cassandra es absuelta. Pero Carrero permanece situado en el marco moral previo de la víctima. La cuestión del tiranicidio ni siquiera se plantea. La naturaleza del poder combatido no vuelve al centro. La pregunta sigue siendo esencialmente:

¿hasta dónde puede bromearse sobre una víctima del terrorismo?

Podría haber sido:

¿un alto dirigente de una dictadura eliminado por una organización armada de resistencia pertenece históricamente a la misma categoría que una víctima de un atentado dirigido contra una sociedad democrática?

No es la misma pregunta. Y escoger la primera revela ya una concepción del mundo.

Algo «un poco fascista»

Decir esto no significa afirmar que los magistrados que juzgaron a Cassandra fueran fascistas. Sería una acusación personal que la sentencia no permite establecer. Pero considero perfectamente legítimo afirmar que existe en ese razonamiento algo un poco fascista, siempre que se explique exactamente qué significa. No hablo de pertenencia. Hablo de una supervivencia gramatical. Una manera de considerar como evidente que el poder constituido, incluso cuando es tiránico, posee una especie de presunción natural de legitimidad, mientras quien lo combate debe justificar su violencia mediante las categorías elaboradas por ese mismo poder.

El mecanismo merece ser nombrado. La sentencia reconoce expresamente que Carrero era presidente del Gobierno del régimen franquista y, acto seguido, trata esa posición constituida como compatible con un estatuto moral previo de víctima. Pasa de una legitimidad de hecho, la del poder que existió, a una legitimidad moral, la inocencia asociada a la condición de víctima. No sostengo que esos jueces fueran fascistas, porque nada permite afirmarlo y no lo afirmo. Sostengo que su razonamiento reproduce la presunción de legitimidad del poder constituido que pertenece a la gramática de la legalidad autoritaria. Una supervivencia de gramática, no una pertenencia. Pero aquí la gramática lo decide casi todo. La violencia del Estado es el decorado. La violencia contra el Estado se convierte en acontecimiento. El tirano puede gobernar durante treinta años mediante la represión. Una bomba contra el tirano se vuelve inmediatamente escándalo moral. Esta disimetría me parece profundamente autoritaria. Porque rechazar absolutamente el tiranicidio cuando el tirano controla el poder significa aceptar necesariamente otra cosa:

la continuación del tirano hasta que decida desaparecer por sí mismo o hasta que un acontecimiento exterior se lo impida.

Y esa continuación produce víctimas. Muchas. Curiosamente, suelen desaparecer de la discusión filosófica justo en el momento en que se condena a quien elimina al tirano.

Preguntemos entonces a las víctimas

Resulta fácil, desde la tranquilidad de un Estado de derecho, explicar a quien vive bajo una dictadura que la violencia es moralmente condenable. Preguntemos al preso político. Al torturado. A quien vio fusilar a su hermano. A la mujer cuyo marido desapareció. Al sindicalista al que se prohibió trabajar. Al militante condenado por una jurisdicción de excepción. Al vasco cuya lengua y organizaciones fueron reprimidas. Al republicano que espera desde 1939 que quienes destruyeron su régimen legal sean finalmente juzgados. Preguntémosles si la permanencia del tirano constituía una banalidad aceptable. Porque eso es precisamente lo que produce la larga duración de las dictaduras. Su violencia acaba pareciendo normal porque dura. Ya no ocupa la primera página. Se ha convertido en institución. La víctima del poder muere una a una. Después el tirano muere de repente y el mundo descubre súbitamente que una vida humana posee un valor sagrado. Quizá había que haberlo pensado antes.

El error fundamental: confundir Estado y legitimidad

La raíz filosófica del problema quizá se encuentre aquí. Nos hemos acostumbrado a considerar que el Estado dispone del monopolio de la violencia legítima. Pero la fórmula no significa:

todo Estado ejerce necesariamente una violencia legítima.

De ser así, Hitler habría poseído una violencia legítima porque controlaba Berlín. Mussolini porque controlaba Roma. Franco porque controlaba Madrid. Salazar porque controlaba Lisboa. Papadópoulos porque controlaba Atenas. El apartheid porque controlaba Pretoria. La existencia de un aparato estatal no fabrica mecánicamente su legitimidad. Eso es precisamente lo que demuestra la historia del derecho de resistencia. Existe un momento en que obedecer al Estado deja de ser una virtud porque el Estado se ha convertido en instrumento de la tiranía. De lo contrario, habría que condenar lógicamente a todos los resistentes que tomaron las armas contra poderes que poseían entonces la policía, los tribunales y las administraciones. Y volveríamos exactamente al vocabulario del ocupante: bandoleros, rebeldes, terroristas.

El juego de manos: dos legitimidades para una sola palabra

Toda la mecánica descansa en una palabra que empleamos sin mirarla suficientemente: legítimo. Weber formuló la definición que se ha vuelto clásica. El Estado es la comunidad humana que reivindica con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima sobre un territorio determinado (El político y el científico, 1919). Pero hay que leer la palabra hasta el final. En Weber, «legítima» no significa justa. Significa tenida por legítima. Es una noción sociológica, no moral. Describe una creencia apoyada en la fuerza, no un derecho fundado en la razón. Ahí está la grieta por la que entra todo el procedimiento. El poder constituido pasa, sin decirlo, de la primera legitimidad a la segunda. Del hecho de ser tenido por legítimo concluye que es legítimo. Del hecho de poseer la fuerza reconocida concluye que posee el derecho. Ningún razonamiento sostiene este deslizamiento. Lo sostiene una sola palabra. Rebelde, bandolero, terrorista: la palabra no califica solamente al adversario, ordena el mundo alrededor de quien la pronuncia.

Porque nombrar al enemigo es un acto, no una descripción. Austin mostró que determinados enunciados hacen cosas en vez de limitarse a decirlas (Cómo hacer cosas con palabras, 1962). Bourdieu mostró que ese poder de nombrar legítimamente constituye el núcleo del poder simbólico, sostenido en última instancia por el monopolio de la violencia (¿Qué significa hablar?, 1982). Y Schmitt proporcionó la clave política: la designación del enemigo es el acto soberano por excelencia (El concepto de lo político, 1932). Reunámoslos. Decir «terrorista» realiza, mediante un solo gesto, dos operaciones: coloca al otro fuera de la ley y se coloca a sí mismo como la ley de la que el otro acaba de ser expulsado. La absolución de quien nombra no es un efecto secundario de la palabra. Forma parte de su estructura. Los «contraterroristas» de Degrelle muestran el mecanismo desnudo. Para declararse contraterrorista hay que haberse atribuido primero el derecho a decidir quién será terrorista. Surge entonces una objeción, y hay que afrontarla. Si el poder no tiene el monopolio de la calificación, ¿no caemos en el relativismo según el cual el terrorista de unos es siempre el resistente de otros y ya no puede juzgarse nada? No. Y ahí está el centro del asunto.

Nuestra tesis no consiste en afirmar que la palabra «terrorista» no significa nada. Consiste en sostener que oculta una premisa sobre la legitimidad del poder y que esa premisa debe ser juzgada. No según el humor del más fuerte, sino mediante criterios más antiguos que los regímenes que abusan de la palabra. El primer criterio se refiere al poder combatido y puede resumirse en dos preguntas. ¿Suprime sistemáticamente ese régimen el derecho? ¿Ha cerrado las vías pacíficas mediante las cuales normalmente podría ser sustituido? La Declaración Universal de 1948 no habla por casualidad, en su preámbulo, del hombre llevado «al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión». El supremo recurso no es una fórmula. Es un criterio. Exige que la resistencia solo encuentre su legitimidad última allí donde el derecho haya sido previamente destruido y las salidas políticas hayan sido cerradas. Es este criterio, y no un prejuicio, el que proporciona toda su fuerza al argumento de las fechas.

Bajo Franco, las salidas estaban cerradas, y basta repetir la letanía: ¿cómo juzgar al tirano que posee a los jueces, derribarlo cuando posee el Estado, derrotarlo en las urnas cuando las urnas no existen? El supremo recurso está alcanzado. Bajo una democracia restablecida, las salidas están abiertas. El mismo acto material cambia entonces de categoría, no porque se lo excuse, sino porque ha desaparecido la condición que lo convertía en último recurso. La tradición no ha inventado nada nuevo aquí. Juan de Salisbury distinguía ya entre príncipe y tirano (Policraticus, 1159), y Juan de Mariana vinculaba el tiranicidio a los límites del poder y al derecho de la comunidad (De rege et regis institutione, 1599). Doctrinas discutibles, discutidas durante siglos. Pero nombran precisamente aquello que la palabra «terrorista» sirve para borrar: que existe un umbral más allá del cual obedecer deja de ser una virtud. Queda un segundo criterio, que ya no se refiere a la causa sino a los medios. Una resistencia legítima no autoriza cualquier acto del resistente. El objetivo separa al combatiente del criminal; la medida separa la guerra de la masacre. Pero ese es otro aspecto y conduce a la distinción siguiente.

La causa y los medios: la distinción indispensable

Existe, sin embargo, una frontera que sería intelectualmente deshonesto borrar. Reconocer la legitimidad de una resistencia no significa reconocer la legitimidad de todos los actos realizados por quien resiste. La Comisión de la Verdad y Reconciliación sudafricana formuló perfectamente esta dificultad en el caso del ANC: la lucha contra el apartheid era una lucha legítima de liberación; eso no impedía que determinados actos cometidos por sus miembros pudieran constituir graves violaciones de los derechos humanos. Es una distinción esencial para nuestro propio asunto. Puede defenderse la legitimidad de la resistencia armada al franquismo. Puede considerarse la eliminación de Carrero Blanco como un tiranicidio políticamente justificable. Eso no convierte automáticamente en legítimo cualquier atentado cometido bajo una bandera antifranquista. Mucho menos significa que las violencias posteriores de ETA en una España democrática queden automáticamente cubiertas por la legitimidad adquirida en el combate contra Franco. Hay que examinar la causa. Hay que examinar el objetivo. Hay que examinar el contexto. Hay que examinar los medios. Eso es precisamente lo que el sustantivo absoluto terrorista tiende a impedir.

Transforma una historia en esencia. Una vez terrorista, siempre terrorista. Mandela demuestra el absurdo de esta lógica. También Manouchian. También Panagoulis. También los maquis españoles.

La palabra ya es un tribunal

Podemos volver ahora al punto de partida. El poder no posee únicamente armas. Posee sustantivos. Y algunos sustantivos se parecen extraordinariamente a sentencias. Rebelde. Bandolero. Terrorista. Traidor. Sedicioso. Saboteador. Enemigo del pueblo. El procedimiento cambia según los regímenes, pero conserva una estructura extraordinariamente estable:

el poder se excluye a sí mismo de la definición del crimen que atribuye a su adversario.

Los militares que se sublevan contra la República dejan de ser rebeldes. Los fascistas que aterrorizan poblaciones no son terroristas. Los nazis que incendian pueblos no son terroristas. Los rexistas que asesinan disponen de «contraterroristas». Portugal libra una guerra de mantenimiento del orden; quienes quieren poner fin a la colonización forman «oleadas terroristas». El apartheid aplica la ley; Mandela es terrorista. Franco fusila, encarcela y tortura en nombre del Estado; quien mata a su presidente del Gobierno pertenece al terrorismo. Cada vez, el poder realiza la misma operación:

se llama a sí mismo orden antes de llamar al otro desorden.

¿Y si el terrorista fuera a veces quien posee el tribunal?

La pregunta solo parece provocadora porque hemos olvidado la historia de la palabra. El Dictionnaire de l’Académie française nos la recuerda. El terrorismo puede ser también la política de un Gobierno que utiliza sistemáticamente la violencia y las medidas de excepción para reprimir a la oposición. Entonces aparece inevitablemente una pregunta. Cuando un Estado practica sistemáticamente la detención política, la tortura, la ejecución, la censura, la jurisdicción de excepción y el terror para mantener su poder, ¿por qué la pregunta:

«¿es esto terrorismo?»

surge con menor espontaneidad que cuando un opositor coloca una bomba? La respuesta quizá sea extraordinariamente sencilla. Porque el Estado posee el diccionario. Y con el diccionario, el tribunal.

El dueño de los relojes

Franco comprendió el poder de las palabras. Su régimen nace de una rebelión que pronto se llama Alzamiento. La guerra contra la República se convierte en Cruzada. Los rebeldes pasan a ser nacionales. Los defensores de la legalidad se convierten en rojos. Los militares que permanecieron fieles pasan a ser rebeldes. Los maquis, bandoleros. Los opositores armados, terroristas. Después Franco muere. España se convierte en una democracia. Pero las palabras no mueren necesariamente con quien las impuso. Por eso el caso Cassandra Vera es mucho más importante que unas bromas en Twitter. Muestra que, en 2017, un tribunal democrático podía mirar a Carrero Blanco, reconocer expresamente que había sido presidente del Gobierno del régimen franquista y, acto seguido, considerar esta circunstancia secundaria frente a la categoría superior:

víctima del terrorismo.

El régimen ya no estaba allí para imponer la palabra. La palabra ya no necesitaba al régimen. Esta es quizá la forma más perfecta de la victoria léxica.

La supervivencia del vocabulario franquista ya ni siquiera necesitaba franquistas.

«¡Todavía estoy vivo!»

Camus reserva al tirano una última ironía. En la escena final de Calígula, los conjurados irrumpen, Cherea lo golpea, todos se abalanzan sobre él y el emperador, ya bajo los golpes, lanza su última frase antes de caer el telón:

«¡Todavía estoy vivo!»

El tirano muere proclamando que sigue vivo.

En Camus, el grito pertenece a Calígula. Aquí adquiere otra resonancia. Franco murió en 1975. Su Estado desapareció. Sus tribunales de excepción desaparecieron. Su Movimiento desapareció. Pero algunas de las palabras con las que había distribuido durante décadas la legitimidad y el crimen continuaron pronunciándose después de él.

El dueño de los relojes estaba muerto. El reloj seguía funcionando.

Quizá esa sea la ironía más inquietante de todas. Un tirano puede sobrevivir durante algún tiempo sin cuerpo, siempre que sobreviva el lenguaje con el que enseñó a los demás quién era el rebelde, quién el bandolero, quién el terrorista y quién tenía derecho a llamarse orden.

«¡Todavía estoy vivo!»

Conclusión: el diccionario cambia siempre después de la victoria

La Historia posee una crueldad especial con las certezas léxicas del poder. Los «rebeldes» de Franco eran a veces militares que habían permanecido fieles a su Gobierno. Los «bandidos» nazis se convirtieron en partisanos de la liberación. Los «terroristas extranjeros» de la Affiche rouge entraron en el Panthéon. Los «banditi e ribelli» del fascismo italiano se convirtieron en partisanos fundadores de la República. Los «terroristas» del imperio portugués entraron en la historia de las independencias africanas. Panagoulis, condenado por intentar matar a un dictador, se convirtió en una figura de la democracia griega. Mandela, terrorista para el apartheid y todavía incluido en 1989 por Estados Unidos entre los miembros de una organización considerada terrorista, se convirtió en presidente de Sudáfrica y símbolo mundial de la lucha contra la opresión. Los hombres no habían cambiado de pasado. Había cambiado el poder que narraba ese pasado. Por eso hay que desconfiar de todas las palabras que pretenden dispensarnos de pensar. Terrorista es una de ellas. Puede describir una realidad. También puede ser un arma. Hay que preguntar siempre: ¿quién pronuncia la palabra? ¿En qué fecha? ¿Bajo qué régimen? ¿Contra quién?

¿Para calificar qué acto? Y, sobre todo: ¿qué violencia permite esa palabra dejar de mirar?

Wilson me había dado su respuesta en un viejo bar de Gasteiz:

«A falta de poder juzgar a los tiranos, se los abate.»

Puede discutirse esa respuesta. Puede oponérsele toda la historia de la no violencia. Puede debatirse indefinidamente sobre las condiciones del tiranicidio y los límites del derecho de resistencia. Pero no puede eliminarse honestamente la pregunta a la que responde. Porque a veces un hombre no puede juzgar al tirano precisamente porque el tirano posee el tribunal. Y cuando eso ocurre, no hay que interrogar únicamente la violencia de quien resiste. Hay que interrogar también la violencia que lo convirtió en resistente. El dueño de los relojes posee las prisiones, las armas y los jueces. Posee también las palabras. Pero hay algo que nunca posee definitivamente.

El juicio de la Historia.